El secretario de Administración Autonómica de la FSP-UGT, José Miguel García, denunció este jueves que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha comunicado el despido o la no renovación a "entre 150 y 170 trabajadores" de ese departamento. "Entendemos que hay indicios de improcedencia para la finalización de sus contratos, porque la Junta no ha justificado sobradamente la finalización del programa o los planes en los cuales estos trabajadores desempeñan su labor, como el plan cuatrienal de vivienda, gestionado con fondos públicos estatales, y con vigencia entre 2009 y 2012, con lo cual el 31 de diciembre de 2011 no podría concluir", aseguró.
Aunque podría darse el caso de algunos de los trabajadores afectados vayan a ser trasladados a otra Consejería, a día de hoy UGT no tiene constancia de que nadie haya recibido el preaviso pertinente, si bien al anunciar el cese de la actividad cada afectado ha recibido una notificación diferente, que en algunos contempla indemnización y en otros no.
Para García, "estas actuaciones son incongruentes con las declaraciones de Juan Vicente Herrera, que en su discurso de investidura apostaba por la creación de empleo". "A la vez que se anuncia la suspensión de estos contratos vemos que se están licitando externamente servicios que suponen un coste un 25 por ciento mayor para las arcas públicas que si los realizaran los trabajadores públicos.
UGT siempre va a intentar que la prestación de empleo público sea realizada por empleados públicos, porque el coste es menor, y porque así se garantiza el servicio", denunció.
El representante sindical hizo especial hincapié en destacar que "UGT velará por que se mantenga la cuantía de empleo público y no se externalice o se privatice el servicio público", y aseguró que "si esto se extendiera a otras consejerías, podríamos estar hablando de un ERE encubierto de la Junta de Castilla y León. Estaremos vigilantes para que esto no se produzca, se respeten los programas y planes contratados, y no se externalicen servicios, porque eso supone un sobrecoste añadido y en ningún caso se podría justificar como ahorro y mucho menos con la excusa de la crisis económica".
Entre los afectados, hay contratos en vigor desde 2001, si bien el grueso está fechado en 2003 y la duración media es de siete años. "Están afectados biólogos y químicos que velan por la gestión de nuestros residuos, y Castilla y León podría ser multada por incumplir la normativa de calidad ambiental, que es competencia exclusiva de la Consejería, según recoge el Estatuto de Autonomía. Por ello, con la rescisión de estos contratos la Consejería estaría haciendo una dejación de sus funciones". Además, resaltó que "en muchos casos hay una disfunción entre el contrato y las prestaciones reales que estaban ejerciendo, por lo cual podríamos encontrarnos ante un fraude de ley".
García instó a los afectados a que utilicen el servicio de asesoramiento que les brinda UGT, y aseguró que el sindicato intentará "mediar y negociar una salida viable para estos trabajadores". Según explicó, todas las provincias de la región se han visto afectadas, si bien Valladolid es la que concentra un mayor volumen de casos, seguida a gran distancia por Soria.