El Ministerio Fiscal se opuso hoy al archivo e la causa abierta contra el presidente de Cepyme y ex presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado, por considerar que "existen elementos probatorios" para entender que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito de "falsedad y estafa o apropiación indebida", según el informe del Ministerio Público al que ha tenido acceso Ical.
Tras atender el informe del fiscal, el titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, ha citado en calidad de imputados, para ser oídos en declaración, al ex presidente de Cepyme, Jesús Barcenas; al secretario general, José Alberto González Ruiz, y al gerente de la organización, José Manuel Vilar Martínez. Para ello señala la fecha del próximo 12 de noviembre para que comparezcan en el citado juzgado. En este sentido, según el texto conocido por Ical, el fiscal pedía que los dos últimos comparezcan como imputados "por cooperación necesaria en los referidos delitos" de falsedad y estafa o de apropiación indebida. De este modo, este proceso supone, en la práctica, la imputación de toda la cúpula de la patronal de las pymes.
El fiscal, además, ha pedido al tribunal que se reclamen los libros de contabilidad de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, y las facturas giradas a Ingaset S.L. y Tecrucil S.L., ambas propiedad de Terciado, durante el periodo 2010-2013 para que los peritos evalúen las partidas giradas a favor de las mismas, es decir, "cuando, por cuanto y en qué conceptos constan".
El proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid contra Jesús se centra en el modo en que Terciado habría cobrado de Cepyme con cargo a sus empresas emolumentos por su trabajo en la patronal a través de facturas, pese a que este cargo no tenía asignado sueldo alguno. En 2012 este sistema cesó cuando Cepyme firmó con Terciado un contrato de alta dirección. Sin embargo, las denuncias contra el presidente de Cepyme se remontan aún más cuando en su etapa al frente de la patronal de Castilla y León fue acusado por la patronal salmantina Confaes de facturar mediante empresas de su propiedad, Tecrucil y Tecopy, trabajos realizados para la patronal así como el cobro de dietas y de otros gastos. El Juzgado de Valladolid archivó la causa al señalar que no había un procedimiento establecido que regulara ese tipo de gastos.