El Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, que es el documento que recoge la definición y la clasificación de todas las ayudas, ya cuenta con 119 prestaciones tras la última actualización, de las que el 77 por ciento tiene carácter gratuito para el usuario. Además, las prestaciones gratuitas crecen el doble, casi un ocho por ciento, frente a las que necesitan aportación del beneficiario (3,2 por ciento). En este sentido, el 71 por ciento de las prestaciones sociales en la Comunidad no supuso un desembolso para el usuario, hasta llegar a 1,1 millones en 2016.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó este martes la primera evaluación del catálogo, aprobado en 2014, en la reunión de la Sección de Servicios Sociales del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, celebrada en Valladolid. Un encuentro con entidades del tercer sector que sirvió para destacar la cobertura de la atención. No en vano, la concesión de prestaciones creció un 6,4 por ciento entre 2014 y 2016. En 2016, la Junta facilitó más de un millón y medio de prestaciones que beneficiaron a casi 600.000 personas, a razón de 4.100 diarias.
Fruto de las necesidades por los efectos de la crisis, las prestaciones para apoyar el plan de vida de las personas vulnerables aumentaron un diez por ciento mientras que las de protección e integridad personal subieron un 8,5 por ciento y las de apoyo del entorno de la convivencia familiar para mantener al usuario en su domicilio, un 7,3 por ciento.
Todas las tipologías de las prestaciones aumentaron, salvo las destinadas a apoyar a las familias en riesgo de desahucio, que descendieron un 40 por ciento en ese periodo. Entre las mayores subidas, destacan las de acceso a los servicios sociales (7,8 por ciento), al incorporar al sistema de dependencia las personas con Grado 1; autonomía personal (diez por ciento) y atención social en contexto comunitario (diez por ciento). El 35 por ciento de las prestaciones estuvo orientada a la prevención, seguidas de las de apoyo a la autonomía personal (22,5 por ciento).
A la vista de estos datos, la consejera subrayó que el sistema de Servicios Sociales de la región es garantista, basado principalmente en derechos y profesional. Y es que precisó que el 76 por ciento de las prestaciones concedidas es de carácter esencial, basadas en derechos subjetivos. Además, la mejora de la cobertura trajo consigo un aumento del 8,5 por ciento en el presupuesto ejecutado entre todas las administraciones de la Comunidad, hasta superar los mil millones de euros en 2016. No en vano, recordó que el 49 por ciento de las prestaciones son competencias de la Junta, seguido del 30 por ciento que son compartidas (administración regional y local) y del 17 por ciento que corre a cargo de ayuntamientos y diputaciones, además de otro 5 por ciento que es de titularidad estatal aunque la gestión corresponde a la Comunidad.
Pese a que Alicia García reconoció que Castilla y León cuenta con uno de los sistemas más avanzados de España -tal y como recogió el Índice DEC 2017 en que la Comunidad presentaba un equilibrio entre gasto y cobertura pero también entre derechos reconocidos y cobertura efectiva-, subrayó el esfuerzo de la Junta por actualizar, ampliar y mejorar las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales. Todo ello para incidir en un modelo basado en una atención a la carta, integral y basado en las necesidades de cada persona en cada momento.
Detectar nuevas necesidades
De ahí que anunciara que el documento incorpora diez nuevas ayudas y se mejoran otras 23, hasta alcanzar las 119. ''Es importante tener la capacidad de detectar las nuevas necesidades de las personas para así dar respuesta a las mismas con prestaciones'', afirmó.
Entre las novedades, se encuentran el servicio de información especializada sobre Renta Garantizada de Ciudadanía; el de apoyo personal y familiar para víctimas violencia de género: apoyo técnico a las familias; la prestación económica para excedencia por cuidado de hijos; la prestación económica para reducción de la jornada laboral y el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. También aparece el registro de parejas de hecho y la distribución inmediata y coordinada de alimentos.
Las mejoras inciden, sobre todo, en las condiciones de acceso, ya que se amplía el perfil de los destinatarios en seis prestaciones; la actualización e la compatibilidad entre ayudas y la ampliación en cinco del carácter esencial. De esta manera, el 56 por ciento de las prestaciones está garantizada al estar basada en derechos subjetivos.
La consejera de Familia recordó que la próxima prestación que se incorporará el catálogo en 2018 será la ayuda económica a los huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género, a la espera de la aprobación del decreto, que supondrá 3.000 euros al año hasta que el menor cumpla los 18 años y, después, la gratuidad de la matrícula universitaria. También se trabaja para regular nuevos recursos como la prestación económica frente a situaciones de deuda en alquiler y hipoteca. Tampoco se olvido de las mejoras que habrá que acometer en ayuda a domicilio y teleasistencia avanzada, con el objetivo de que todas las ordenanzas de los ayuntamientos y diputaciones sean iguales en todas las provincias de la región.