La Junta de Castilla y León no ha renovado un centenar de contratos que estaban adscritos a un servicio u obra que ha terminado, según explicó este miércoles la consejera de Hacienda y de Función Pública, Pilar del Olmo, quien aseguró que no ha existido despido de funcionarios o empleados públicos.

Del Olmo, en declaraciones a los periodistas, precisó que se trata de contratos no renovados por el final por el que se habían suscrito y no de pérdida de empleo público, en respuesta a la denuncia de CCOO de despidos de casi medio millar de trabajadores de la Administración de Castilla y León.

Entre ellos, están la realización de algunos de los servicios por los empleados públicos una vez que se han fusionado algunas consejerías como Medio Ambiente con Fomento. También otros que gestionaban el nuevo servicio de la renta garantizada de ciudadanía, cuyas solicitudes están normalizadas, explicó la consejera, a título de ejemplo.

Todo ello porque, según reconoció, la Administración está inmersa en un proceso de reestructuración y racionalización del gasto público, lo que lleva a que se hagan “economías de escala”. Del Olmo añadió que no es nuevo y que otros años ha ocurrido lo mismo cuando se terminan contratos de obra y servicio y no se renuevan.