La Asociación de Afectados del macropolígono Área Canal de Castilla han exigido que se les pague los once millones de euros que faltan a los propietarios, de unos terrenos que, sin embargo, ya están recalificados como suelo industrial y en los que hay máquinas trabajando.

Esta nueva reivindicación de los 184 afectados que componen esta Asociación registró su punto álgido cuando las máquinas intentaron entrar en la última parcela sembrada, en este caso de girasol, que corresponde a las que quedan por abonar su valor pero sí esta recalificada.

"La Asociación acudirá en apoyo de un padre y un hijo que desde primera hora de la mañana hacen guardia para evitar que las máquinas entren en sus tierras", dijo la portavoz de los afectados, Ana Calzada, quien recordó que hasta ahora las empresas que deben pagar a los propietarios han hecho efectivos alrededor de 170 millones de euros. Eso significa, según explicó, que se ha pagado al 60 por ciento de los afectados, y resta aún un 40 por ciento.

La parcela que defienden los vecinos de estos municipios de forma pacífica, ante los agentes de la Guardia Civil, es "especial" porque es la última explotación de todo el macropolígono que permanece cultivada.

"No ha sido pagada a sus dueños y, a pesar de ello, las máquinas están dispuestas a entrar a trabajar y destruir la cosecha de estos dos agricultores, que han seguido trabajando al ver que las empresas responsables no cumplían con los pagos", denunció la Asociación en un comunicado a través de Asaja, quien añadió que los agricultores "no son una inmobiliaria que vayan a recalificar su terreno después y necesitan que se les pague para vivir".

Los afectados recordaron que su único medio de vida es su tierra y la han cultivado porque es su "fuente de ingresos". Por ello, se mostraron preocupados porque, además de no pagar, las empresas aprovechan "su poder para destrozar impunemente el último recurso económico de esta familia".

Mientras este "atropello" se sucede, la Asociación denuncia que la Junta "contempla" la situación "sin hacer nada por proteger a las víctimas y amparando con su actitud a las empresas morosas de forma inexplicable ante la opinión pública".

Por ello, Ana Calzada reiteró al presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, que "se implique" personalmente en el problema, que ya dura cinco años, "porque es un problema generado por la Administración y es quien tiene que resolverlo".