España aún no ha traspuesto una normativa de la Unión Europea que exige a las comunidades de propietarios instalar elementos de medición individual en aquellas comunidades con sistemas centralizados. Portugal, Francia o Italia ya lo han hecho.

En la actualidad hay 1.700.000 hogares con calefacción central, más de 150.000 en Castilla y León, cuyos inquilinos no pagan realmente por lo que consumen si no en base a algunos parámetros como los metros cuadrados de la vivienda.

Lo que la directiva europea pretende es que, en cada hogar que no lo tenga, se instalen los dispositivos necesarios para controlar el consumo individual. Si en nuestra comunidad lo tuvieron esos más de 150.000 hogares que aún carecen de ellos, nos ahorraríamos 30 millones de euros al año, 250 por familia.

En un cambio de mentalidad que además contribuye al medio ambiente. Porque en nuestro país se dejarían de emitir más de dos millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.