La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, anuncia que la Junta adquirirá por 52,1 millones de euros el edificio administrativo construido en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, en lugar de optar por un alquiler que había supuesto importantes polémicas por su alto valor.
De esta forma, tras encargar al Consejo de Administración de Gesturcal, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía y Empleo, un informe de valoración a una sociedad, que lo tasó en los 52,1 millones citados, precio que la Junta consideró como "bueno".
Ese informe añade que si se quiere "buscar un valor justo para la compraventa de este edificio, no se puede olvidar que los contratos de arrendamiento planteados el 19 de julio de 2006 y 20 de febrero de 2008 sí que han condicionado la construcción del edificio, su calidad, los servicios, obligando a la empresa promotora a incurrir en unos costes superiores a los normales para mejorar su calidad".
Señaló que en función de las tasaciones de 2006, "no es arriesgado" pensar que una cifra superior a los 52,1 millones "fuera una cantidad más justa para la compra de un edificio de estas calidades" y que, por otra parte, se trata de un edificio "hecho a la medida de las necesidades del usuario".
Este valor de mercado actual, comentó la viceconsejera, ya fue contemplado en la tasación que hizo ADE Inversiones y Servicios por Tinsa en abril de 2006, en las que utilizó unas repercusiones de mercado, supuesto libre de inquilinos de 58,06 millones y por Euroval, en su tasación de enero de 2009, que da unos valores de mercado, sin tener en cuenta los contratos de alquiler, de 57,5 millones.
El Consejo de Administración de Gesturcal, en su reunión de 25 de marzo de 2009, consideró "adecuado" comprar el inmueble a ese precio, de acuerdo con su tasación, lo que significó una operación financiera "mucho mejor" que la del arrendamiento con opción de compra. Ya se comprobó la disponibilidad de las empresas a venderlo por 52,1 millones.
A pesar de toda la problemática suscitada con la posibilidad de alquiler o compra del edificio, Hernández subrayó que se trata de actuaciones que en todo momento "se han ajustado" a la legalidad vigente y refrendadas en cuanto a la determinación del precio del alquiler, opción de compra y compra, por tasaciones oficiales de mercado efectuadas por entidades acreditadas e inscritas en el Banco de España.
Negó las acusaciones vertidas hacia la Junta, ya que dijo que en la valoración final del precio del edificio no se han tenido en cuenta los contratos de arrendamientos suscritos, "con lo que difícilmente se puede decir que desde la Administración se haya actuado para elevar el precio final de mercado".
Bajada de precios
"El no haber cerrado la opción de compra hace dos años con su precio, plazos e imputaciones, supuso una ventaja para la Administración, ya que la caída de los precios en el mercado inmobiliario en los dos últimos años ha beneficiado en la tasación última efectuada, con lo que se ha comprado el edificio a un precio inferior".
En este sentido, consideró que se ha realizado una "buena" operación de compraventa, no sólo por el precio de compra, sino por las calidades constructivas y de servicios del edificio. Por último, destacó que el traslado de las diferentes unidades administrativas al edificio supondrá una mejora en la calidad y cantidad.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Jorge Félix Alonso, acusó a la viceconsejera de Economía de "arreglar" el expediente desde que los socialistas denunciaran esta problemática a principios de año.
"De no ser por la denuncia del PSOE, los castellanos y leoneses hubieran pagado 100 millones de euros por el alquiler de este edificio, mientras que ahora su compra se hará por 52 millones, algo que sigue siendo caro y oscuro", destacó Alonso.
Reclamó "mayor transparencia" en el proceso porque el presupuesto de Gesturcal para 2009 incluía el alquiler de este edificio, por lo que insistió en que la Junta había "arreglado" el expediente, el cual, criticó, no les había facilitado.
Alonso recordó que el pasado 17 de marzo el Gobierno regional aún hablaba de alquiler y "de repente para esta comparecencia dicen que van a comprar el edificio", señaló el procurador socialista.
El mismo, reconoció que esperaba que la viceconsejera anunciara la adquisición del edificio, "ya que era la mejor opción después de que se hubiera destapado el pago de los 100 millones de euros por un alquiler".
Sin embargo, Alonso lamentó que Hernández no contestara a sus demandas durante la comparecencia, sobre todo al por qué la Junta "no construyó el edificio desde el principio y optó por comprarlo a una empresa". Al respecto, declaró que la liquidación de la licencia de obra por parte de la empresa al Ayuntamiento de Arroyo asciende a 14 millones de euros, mientras que se va a pagar 52.
"Según las tasaciones de Hacienda, el edificio tiene un valor de 41 millones de euros". Por último, consideró que la comparecencia estaba "devaluada porque oculta información", ya que en la Comisión de Hacienda se había solicitado que se fiscalizara el edificio por parte del Consejo de Cuentas, algo a lo que se opuso el Grupo Parlamentario Popular. "Si todo está tan claro como dice la Junta, porque se oponen a la fiscalización del edificio", concluyó.