Los representes del Comité de Empresa de Nissan en Ávila demandaron a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que rechacen el ultimátum dado por la compañía que expira mañana para alcanzar un acuerdo sobre el plan industrial que pretende convertir la factoría abulense en una planta de recambios. Además, exigieron que rechazaran los 91 despidos que avanzó este domingo la multinacional y que reclamaran un nuevo periodo de negociaciones.
Los dirigentes sindicales se reunieron con los integrantes de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, que tuvo que realizar un receso de casi una hora en la sesión prevista para debatir las enmiendas a la Ley de Medidas que acompañan a los presupuestos de este año. En el encuentro, los portavoces del Grupo Mixto y Podemos, José Sarrión y Pablo Fernández, plantearon la necesidad de pedir la retirada del "chantaje" y la "extorsión" que supone el plazo dado para la negociación.
Los procuradores de PSOE y Ciudadanos José Francisco Martín y Manuel Mitadiel se sumaron a la propuesta de IU y Podemos, en los términos de la proposición no de ley que aprobaron las Cortes en el pasado. El 'popular' Salvador Cruz aseguró que ya existía un pronunciamiento del parlamento, en referencia a una proposición no de ley y una declaración institucional, pero se comprometió a estudiar la posibilidad de pactar una nueva declaración, ante la insistencia de los representantes de los trabajadores que aseguraron que están en el "corredor de la muerte".
Sarrión argumentó que "no se puede negociar con la pistola encima de la mesa" por lo que señaló que el plazo establecido, que finaliza mañana 14 de junio, se prolongue, sin que se ejecute la advertencia de la compañía, que aseguró que si no había un acuerdo con la plantilla iniciaría el proceso de cierre de la factoría abulense, para que terminase el 31 de diciembre de este año. Brindó el apoyo de su formación y señaló que se debe cumplir el el plan industrial vigente.
Al respecto, Pablo Fernández aseguró que la Junta y el PP deben trasladar a Nissan que en España es "muy importante" el respeto a la legalidad, ante los incumplimientos de la empresa. Por ello, demandó al Gobierno autonómico que interceda para que los contactos continúen de forma "tranquila", se levante la "amenaza" de los 91 despidos y se garanticen los 471 empleos de la factoría.
También, el socialista José Francisco Martín pidió que mañana se reabra la mesa de negociación y se retire el ultimátum y demandó a los trabajadores que sean "inflexibles" esta vez para que conozcan las condiciones que se deben cumplir para que la compañía reciba dinero público de la Junta. Aseguró que la empresa no ha respetado lo pactado y que la oposición no ha podido fiscalizar el destino de las subvenciones. Por ello, propuso que el expediente sea remitido a las Cortes, para que los grupos se encarguen del seguimiento de las ayudas.
Responsabilidad
El 'popular' Salvador Cruz puso en valor que existe una alternativa para la factoría abulense, que garantiza la actividad, por lo que hizo un llamamiento a la "responsabilidad" a las dos partes, con el fin de se alcance un acuerdo. El parlamentario, que reconoció que Nissan ha incumplido algunos acuerdos, ante las argumentaciones de los representantes de la plantilla, les pidió que sean "flexibles" ya que aseguró que la compañía es muy importante para Castilla y León y la provincia abulense.
También, ante las dudas sindicales, Cruz indicó que el futuro de la factoría de recambios dependerá de la evolución del mercado automovilístico y de las ventas de la Alianza Renault-Nissan. También, defendió la actuación de la Junta de Castilla y León que aseguró ha manifestado su disposición a poner sobre la mesa los recursos necesarios para que se desarrolle un plan industrial en la factoría de Las Hervencias.
Callejón sin salida
El presidente del Comité de Empresa, Rubén Zazo, reclamó a los grupos que vigilen el destino de los fondos públicos, ya que ahora denunció que la empresa ha marcado como líneas rojas para la negociación la reducción del salario, que de media supondrá una rebaja del 23 por ciento, y la implantación del convenio de Renault. Defendió la última propuesta, que suponía un descenso de los salarios del cuatro por ciento, a cambio de un bono de cuatro años con la diferencias en las retribuciones.
Finalmente, aseguró que la empresa ha conducido la negociación a un "callejón sin salida" ya que en su opinión ha ralentizado el proceso, que recordó comenzó de manera efectiva el día 6 de junio. No obstante, destacó la posición unánime de la plantilla que recalcó ha decidido plantar cara a Nissan.