Cuatro excarcelados cubanos pedirán este martes amparo al Defensor del Pueblo para que el Gobierno español les reconozca como asilados políticos y no les presione para que acepten trasladarse desde la capital a otros puntos del territorio nacional.
Los periodistas Julio César Gálvez, Ricardo González, Normando Hernández y Mijail Bárzaga presentarán un escrito en esta institución en el que pedirán al Defensor que "inste" al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a que les "reconozca el estatuto de asilo político", ha explicado su abogado, Fernando Vizcaíno.
Bárzaga tiene el miércoles una cita en el médico, pero en caso de que no se pudiera acercar a la sede del Defensor, firmaría otro día el documento, han precisado algunos de sus compañeros, que han dejado claro que él suscribe totalmente el texto.
Ricardo González y Normando Hernández tienen una entrevista en la Oficina de Asilo y Refugio sobre la solicitud que han presentado para que se les conceda el estatuto de refugiados políticos, que es como se consideran. Después de la entrevista, se acercarán al Defensor del Pueblo.
Aunque la concesión del asilo la decide una comisión tripartita formada por representantes de Exteriores, Interior y Justicia, el escrito se refiere al departamento que dirige Miguel Angel Moratinos por ser él quien ha traído a España a una veintena de ex presos políticos, explica Vizcaíno.
Los disidentes liberados pedirán también al Defensor del Pueblo --cuya titular en funciones es desde el 1 de julio María Luisa Cava de Llano al concluir el mandato de diez años de Enrique Múgica-- que pida a las autoridades españolas que "no presionen a los excarcelados" para que acepten ser trasladados desde Madrid a centros de acogida en otros puntos de la geografía española.
Estos cuatro excarcelados solicitarán al Defensor que pregunte al Ejecutivo español si ha llegado a "algún pacto" con el Gobierno castrista "que le impida reconocerles el estatuto de asilados políticos".
El Gobierno español ha recomendado a los excarcelados que en lugar del asilo político se acojan a la protección subsidiaria con el argumento de que esta opción no les cierra la puerta, como el asilo, a regresar algún día a la isla, previa autorización de las autoridades de la isla.
Según fuentes de Exteriores, la protección subsidiria "regulariza plenamente su situación en España" al otorgarles permiso de trabajo y de residencia. Este régimen jurídico es el que se les está aplicando "de facto" a los 19 excarcelados liberados en julio por el régimen cubano que permanecen en España y que les ha permitido recibir desde el primer día las ayudas que perciben para su alojamiento y manutención.
Vizcaíno ha advertido de que si España les deniega la condición de asilo político, de aquí a seis meses acudirán "al ámbito judicial" para exigir esta condición.
Antes de llegar a ese punto van a intentar otras vías, como recurrir al amparo del Defensor del Pueblo o al Alto Comisionado de Ayuda al Refugiado (ACNUR), que depende de la ONU.