El conocido como impuesto a la central de Santa María de Garoña por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en la planta atómica situada en el valle burgalés de Tobalina, cuya recaudación de 10 millones de euros recogida en el presupuesto espera la Junta ingresar este año para inversiones en la zona, vio hoy la luz con la aprobación del proyecto de ley que amplía la afección medioambiental a las nucleares.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló el contenido y objetivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del proyecto de ley que modifica la vigente normativa reguladora del Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por tres tipos de instalaciones con el objetivo de incorporar una cuarta modalidad, las centrales nucleares.
Del Olmo expresó su sorpresa por que la empresa Nuclenor, propietaria de la nuclear que se clausura, no haya presentado alegaciones cuando el texto estuvo expuesto a la participación en el Gobierno Abierto, afirmó que esperan que el almacenaje de los residuos en el depósito sea el menor tiempo posible y confió en que la ley se apruebe lo antes posible en las Cortes para que se pueda ingresar en las arcas autonómicas este año, dado que el presupuesto ya recoge una estimación de recaudación por este nuevo impuesto.
Se trata de un texto sencillo, explicó la consejera, ya que sólo cuenta con un artículo en el que se establece una imposición para gravar el daño al entorno derivado del almacenamiento temporal de los residuos radiactivos depositados en las plantas atómicas asentadas en la Comunidad.
La consejera recordó que con este proyecto se da cumplimiento a una resolución aprobada en las Cortes el 6 de septiembre de 2017 en la que se instó a la Junta a adoptar medidas ante el dictamen del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunciado el 1 de agosto, de no renovar la autorización de explotación de la central de Garoña. En la misma PNL, se pidió al Gobierno central a aprobar un plan de reindustrialización para la zona de influencia de la nuclear.
Hasta ahora este tributo autonómico gravaba los daños ocasionados al entorno por las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y las líneas de alta tensión, pero el texto aprobado amplía el listado de instalaciones a las plantas nucleares ubicadas en Castilla y León. En la exposición de motivos, se argumenta que el empleo de energía de ese tipo para producir electricidad conlleva la inevitable generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación.
Así, la redacción altera la denominación del tributo, que pasa a llamarse Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
En segundo lugar, se regulan el hecho y la base imponible del nuevo gravamen. El primer concepto queda definido como el riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible radiactivo gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en Castilla y León. Por su parte, la base imponible la constituyen los elementos que forman ese combustible gastado y depositado en las instalaciones.
Inversiones en la zona
Otra de las modificaciones contempladas tiene que ver con la responsabilidad subsidiaria, que se atribuye a los accionistas de la persona jurídica propietaria de la planta atómica que genere el hecho imponible, cuando posean un porcentaje de participación en el capital social superior al 10 por ciento.
El proyecto de ley aprobado esta mañana, que se remitirá de inmediato a las Cortes para su tramitación parlamentaria, fija la cuota tributaria en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado. En el caso de Garoña, la aplicación de esta tarifa se traducirá en una recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.
Además, el texto recoge expresamente la obligación de dedicar los ingresos procedentes del gravamen a programas de gasto de inversión en la zona de influencia de la central nuclear.
La disposición transitoria determina que este nuevo tributo se devengará el día de la entrada en vigor de la ley, es decir, el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), tal y como estipula la disposición final. Esto permite que la totalidad de la recaudación correspondiente a este año pueda ingresarse en las arcas autonómicas si las Cortes aprobaran la ley antes del 31 de diciembre de 2018.