Para Castilla y León se deben mejorar las referencias en la futura PAC a la modernización de regadío

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, confió este lunes en una modificación de la definición de agricultor activo en el borrador de la futura PAC 2014-2020, un extremo que cuenta con la oposición también de Alemania y Reino Unido, entre otros, ya que perjudica directamente a la agricultura y ganadería productivas. Esta fue la principal demanda de Clemente en su visita a Bruselas, donde reclamó una PAC que apoye a los productores, "algo que no se consigue con la letra que hay actualmente en los reglamentos".

Clemente se reunió en el Parlamento Europeo en Bruselas con diputados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. En concreto, lo ha hecho con el presidente de la Comisión, Paolo de Castro, con el ponente del reglamento de pagos de la reforma, Luis Manuel Capoulas Santos, con los diputados populares Agustín Díaz de Mera, Gabriel Mato, Pilar Ayuso y Esther Herranz, y con los socialistas Iratxe García, Alejandro Cercas y Sergio Gutiérrez.

Los objetivos de este encuentro se centraron en trasladar a los parlamentarios la importancia de la Política Agraria Común para los intereses de Castilla y León, y por ello el interés del Gobierno regional en la futura reforma, así como dar a conocer la postura de la Comunidad, consensuada con el sector, ante la nueva PAC; y mostrar el rechazo de la región a la propuesta de reforma presentada por el comisario europeo, Dacian Ciolos. El encuentro para la delegación regional ha servido para buscar alianzas en el Parlamento Europeo y así poder introducir enmiendas a los actuales textos y mejorar la reforma para los intereses de Castilla y León.

En la atención a los periodistas, Clemente recordó que desde que se conoció la comunicación de la Comisión sobre la PAC, el 12 de octubre, su departamento "ha tenido la voluntad de intervenir sobre propuestas para mejorar PAC, en un trabajo con las opas de Castilla y León y con el Gobierno central". Además, añadió que desde la Comunidad se promovió un acuerdo "uniforme" con agentes económicos y sociales y se explicó a Dacian Ciolos en Burgos, el 1 de abril, algunos términos "para introducir cambios". Igualmente, Clemente reiteró el apoyo al Gobierno para que España mostrara una posición común sobre cambios en reglamentos.

La consejera tuvo la oportunidad de estudiar los asuntos que pueden ser objeto de enmienda, así como buscar alianzas con otros países. En este sentido, se refirió al concepto de agricultor activo. "Si queremos que las ayudas estén legitimadas, no sirve este concepto, porque si no es imposible desmontar a aquellos que no tienen tierras productivas, ya que quedan exentos los agricultores y ganaderos que reciben menos de 5.000 euros anuales, que son el 84 por ciento de los que reciben ayudas europeas y el 75 en España. En este sentido, la delegación de Castilla y León trasladó la necesidad de dirigir esta ayuda más a una vinculación a las superficies y la ganadería productiva y estableciendo un sistema de prioridades dirigido principalmente a los agricultores profesionales.

la consejera confió en que se mantenga la medida de cese anticipado de la actividad agraria

Además, la consejera ha mostrado su sorpresa porque la futura PAC fije una referencia temporal futura para determinar los nuevos derechos de pago base, en el sentido de fijar como año de referencia para obtener la superficie admisible que determinarán los nuevos derechos el año 2014. Una circunstancia que, a juicio de Clemente, invita a los movimientos especulativos sobre disponibilidad de tierras, lo que a su vez puede originar incrementos en los precios de las tierras y de los arrendatarios que perjudicarán en mayor medida a los agricultores profesionales.

Otros puntos

En cuanto a la tarifa plana, Clemente rechazó la propuesta, aunque en el caso de mantenerse este pago base, consideró "imprescindible" que en España se haga uso del modelo de regionalización, que permite el texto legislativo, estableciendo regiones con criterios agronómicos o agroecosistemas productivos, que minimice los efectos negativos de la "tasa plana" en las explotaciones más productivas. En caso contrario "se penaliza a la agricultura y ganadería productiva y se contradice con los principios generales de producir alimentos y suplir las carencias del futuro de la producción". "Este nuevo modelo perjudicará a la agricultura y ganadería de España en su conjunto y por supuesto de Castilla y León, caracterizada por un abanico muy diverso de producciones y de sistemas de explotación, y penalizando a las explotaciones más profesionales y competitivas", explicó la consejera.

Castilla y León, al igual que otras comunidades o estados miembros, considera que la ganadería, especialmente la intensiva, es la gran olvidada en la propuesta de reforma, dejando como margen de maniobra de cada Estado la posibilidad de compensar en parte, mediante pagos asociados, los efectos negativos que pueda tener la aplicación del modelo en este subsector.

También mostró el rechazo de la Comunidad al denominado pago verde o'greening' y reiteró que el límite del 30 por ciento fijado sobre el límite financiero para este componente "es excesivo" y añadió que durante 2012 entablará un diálogo permanente con la Comisión Europea. "Nos preocupa la introducción de más exigencias adicionales, pues debilitará la competitividad y productividad de los sistemas más intensivos, al restar ingresos en la renta y añadir costes suplementarios a los agricultores. Nuestros agricultores no se limitan a cumplir las exigencias medioambientales obligatorias, sino que en muchos casos ya están alcanzando en sus explotaciones umbrales medioambientales muy por encima de los requisitos exigibles", resaltó Silvia Clemente.

Cuotas

También abordó y detalló a los representantes de la Comisión su rechazo a la eliminación de cuotas en algunos cultivos. Así, se mostró optimista en algunos aspectos que favorecen las pretensiones de la Comunidad, como por ejemplo evitar la desaparición de las cuotas de la remolacha en 2015, "clave" para Castilla y León porque sostiene al 84 por ciento de la superficie total nacional, por lo que Clemente propuso su prórroga hasta 2020; pero también en las de viñedo, cultivo sobre el que ya se ha registrado un pronunciamiento unánime de estados miembros. Más pesimista se mostró sobre una posible modificación de las cuotas lácteas, "una decisión que nadie se plantea que pueda cambiarse".

Desarrollo Rural

Sobre la Política de Desarrollo Rural contemplada en la futura PAC, los representantes de Castilla y León consideraron prioritario que se conozca la ficha financiera de cada estado miembro que se destinará a esta política. "El Desarrollo Rural debería tener unos recursos horizontales en todas las políticas europeas y nacionales y centrar la financiación agraria en el propio sector, para mejorar su productividad, su competitividad y su situación estructural", aseguró la consejera.

Para Castilla y León se deben mejorar las referencias en la futura PAC a la modernización de regadío y a las nuevas inversiones, unas infraestructuras que en la región "han contribuido a incrementar la productividad, a aumentar el empleo y al mantenimiento de la población en el medio rural".

Otra medida necesaria, dentro de la propuesta legislativa de desarrollo rural, es que se incluyan medidas para el rejuvenecimiento del sector. Por ello, la consejera confió en que se mantenga la medida de cese anticipado de la actividad agraria, ya que favorece el relevo generacional en las explotaciones, y abogó por incluir otros mecanismos complementarios de apoyo a los jóvenes u otro tipo de incentivos complementarios a la incorporación, como el establecimiento de bancos de tierra o servicios de transmisión de tierras, para ampliar la superficie de la explotación y exenciones fiscales, entre otras.