La presidenta de la Junta Vecinal de la localidad de Bustos, Manuela Cristina Rodríguez (PP), está llamada este viernes a declarar en calidad de imputada por un presunto doble delito de estafa y desobediencia a la autoridad ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga.

La pedánea deberá prestar testimonio como imputada por los cobros presuntamente irregulares y fraudulentos del agua a los vecinos de la localidad durante un amplio plazo de tiempo, cuando ya no tenía potestad para ejercer la gestión de este servicio, pues había sido revocada esa competencia por el Ayuntamiento de Valderrey y posteriormente confirmada por un juez de lo Contencioso administrativo.

Vistas las supuestas irregularidades que se venían cometiendo y ganado tanto el contencioso como el posterior recurso de la ahora imputada, la Justicia le impuso a Rodríguez un plazo muy concreto para entregar al Ayuntamiento las llaves de las instalaciones, las cuentas y todo lo referente a la gestión de este servicio básico. Sin embargo, ese plazo expiró en agosto sin que la denunciada cumpliera la parte correspondiente a lo reclamado, informan fuentes del consistorio.

Además de incumplir en un principio el mandato judicial, la presidenta de Bustos siguió cobrando el agua a los vecinos a través de unos recibos presuntamente irregulares, sin un padrón claro y oficial e incluso sin que se consignasen los nombres de los vecinos que pagaban, ni las lecturas de los contadores, ni los conceptos por los que se efectuaba el cobro, entre otras graves cuestiones.

El Ayuntamiento quiso agotar la vía administrativa y legal, y solicitó el ingreso del dinero recaudado en las arcas municipales, dado que el Consistorio ya ostentaba la gestión, pero se la pedánea se negó verbalmente y por escrito, aduciendo que eran temas internos del funcionamiento de la Junta Vecinal. Después, el Ayuntamiento interpuso una querella que ha sido admitida a trámite y por la que deberá declarar como imputada.

El alcalde de Valderrey, Gaspar Cuervo, lamenta esta "actitud de obstrucción continua" de la pedánea "a pesar de que hemos dado sobradas muestras de buscar un acuerdo" para evitar algo que a su juicio "está fuera de la Ley".

El regidor considera que se trata de un asunto muy serio, porque "hablamos del dinero de nuestros vecinos y de un servicio vital como es el agua", en el que "nadie puede estar por encima de los juzgados y las sentencias, menospreciando además a la institución que representa a todo el municipio y que debe garantizar esos servicios y el cumplimiento estricto de la legalidad".