El fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), Manuel Martín Granizo, ha remitido a la Fiscalía General del Estado la denuncia de IU sobre las "dudas de legalidad" en los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos a directivos de las cajas de ahorro de la Comunidad.
Martín Granizo explicó en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Ical, que la denuncia se ha enviado a la Fiscalía General del Estado porque ya tiene otras similares relativas a distintas comunidades autónomas y que sea así la máxima jerarquía del Ministerio Fiscal quien diga a quien compete investigar estos hechos, ya que algunas de ellas están en la Fiscalía Anticorrupción.
Tras conocer la decisión adoptada por el fiscal jefe del TSJ de Castilla y León, el coordinador de IU en Castilla y León, José María González, afirmó que no era "tan descabellada" la denuncia y se refirió a declaraciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y del consejero de Economía y Empleo, en las que le advertían de las consecuencias de presentar denuncias que no fueran certeras.
"Es una pena que haya que denunciar la situación de las cajas y ver si cumplen la legalidad", declaró a el responsable autonómico de IU y procurador en las Cortes de Castilla y León, donde ha presentado distintas iniciativas sobre la política financiera de la Comunidad.
Cuando presentó la denuncia ante el TSJ, con sede en Burgos, el pasado 15 de noviembre, en la que pide que se investigue a Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Burgos, Caja España y Caja Duero, González confió en una decisión rápida por entender que se trata de "un tema urgente" para que la "ciudadanía vea que todos estamos intentando acabar con los presuntos casos de corrupción".
En la denuncia se plantea la apertura de una investigación sobre cómo los diferentes órganos de dirección de las extintas cajas de ahorro de Castilla y León han cumplido con su papel y cómo han cumplido dentro de la legalidad teniendo en cuenta "que hay diferentes consejeros que han recibido importantes préstamos en un momento de crisis económica en que muchos pequeños y medianos empresarios han visto que se les cerraba el grifo de crédito".
A ello, une que "hay diferentes componentes de los antiguos órganos de dirección de las cajas que han visto incrementada fuertemente su remuneración y han visto cómo se van a casa con unas fuertes indemnizaciones que no tiene nada que ver con las que reciben los trabajadores".
Para IUCyL, "no se ha cumplido con toda la legalidad" y pide al fiscal "que investigue dentro de las funciones que tiene la Fiscalía y que vea si se cumplía o no".