En su día, el Gobierno accedió a la petición catalana de trasladar a su Archivo Nacional todos los fondos depositados en Salamanca que fueron incautados en Cataluña, con independencia de a quién correspondieran realmente. De esta forma, se enviaron papeles que nada tienen que ver con esta Comunidad.
Tras conocerse la noticia, Aragón ha exigido a Cultura que determine cuántos documentos se enviaron a Cataluña pertenecientes a particulares aragoneses para que regresen a Salamanca. Asturias, Madrid o Castilla y León son otras comunidades afectadas.
Expertos como Policarpo Sánchez insisten en que la salida de papeles se está produciendo contra toda lógica científica e histórica y se espera una catarata de denuncias de autonomías afectadas por este agravio.