La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, mostró su satisfacción por el archivo definitivo del procedimiento judicial de la primera pieza del caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Ávila), que implica a su departamento, y aseguró que el juez dictaminó su sobreseimiento porque "no existe y nunca existió absolutamente nada en este asunto". Asimismo, anunció que estudian emprender acciones civiles contra la asociación ecologista denunciante para defenderse de sus acusaciones.
El Juzgado número 3 de Valladolid dictó este lunes un auto en el que pide el sobreseimiento libre y el archivo, "sin perjuicio de las acciones civiles", de la pieza primera del caso de la "Ciudad del Golf" por considerar que los hechos de la misma, que se refieren exclusivamente a la declaración de impacto ambiental que tramitó la Consejería de Medio Ambiente, "no son constitutivos de delito".
El auto exculpa a los cinco imputados: José Ángel Arranz, actual director general de Medio Natural; José Ignacio Molina, entonces jefe de Sección de Especies Protegidas de la Dirección General de Medio Natural; Mariano Torre, ex director general de Medio Natural; Juan Manuel Pardo, ex jefe del Servicio de Medio Ambiente, y Sabas Yagüe, ex jefe de la Sección de Espacios Protegidos.
"Para nosotros éste es un día importante, no sólo a nivel institucional sino, sobre todo y fundamentalmente, a nivel personal, para nuestras familias y para que el conjunto de personas que durante casi cinco años hemos sufrido un conjunto de acusaciones absolutamente infundadas y que en el auto de este lunes quedan desmontadas", señaló Ruiz, quien manifestó que nunca tuvo "nunca ninguna" sobre que nadie de su departamento "faltó a su honorabilidad" y defendió el "buen hacer de los técnicos y responsables políticos" de la Consejería.
A este respecto, reiteró que su intervención en este caso fue exclusivamente dentro del procedimiento administrativo y de las competencias de Medio Ambiente, realizando "los informes que establece la ley" y la preceptiva evaluación de impacto ambiental, al igual que las "miles" que elaboran cada año.
La consejera de Medio Ambiente se lamentó de que cada día existe una mayor "judicialización de asuntos que nunca deberían llegar a los juzgados con el único propósito de empañar la imagen de gestión de la Administración" y que además hacen "un daño gratuito muy importante" a sus familias y su actuación. "Ese daño es algo que creo que en algún momento se tiene que valorar desde el ámbito judicial", remarcó.
En esta línea, Ruiz indicó que, como cualquier ciudadano, los integrantes de la Consejería tienen "derechos" y que se reservan emprender acciones civiles para, en función de lo que la asesoría jurídica les indique, ir "contra esta asociación ecologista que ha puesto en duda" su trabajo y ha ido "permanentemente manifestando de una manera rotunda que estábamos cometiendo un ilícito penal y ahora se ha demostrado que no tenía ningún fundamento". "No estoy dispuesta a que se dude de mi trabajo como consejera de Medio Ambiente ni tampoco de la honorabilidad de ninguna de las personas de esta Consejería, funcionarios, técnicos o altos cargos", aseveró.
La vicepresidenta primera de la Junta recordó además que hace unas semanas se produjo también el archivo de la denuncia contra la Comisión Territorial de Urbanismo, una decisión más que desmonta la teoría "absurda y paranoica" de los ecologistas de que en este caso había "un complot", en el que estaban implicadas más de 50 personas de todos los ámbitos y que "muchas de ellas ni se conocen", que "se juntaron para cometer un delito para favorecer todavía no sabemos qué ni a quién".
Ante la posibilidad de que la asociación interpongan un recurso subsidiario de apelación, tal y como establece el auto del juez, Ruiz señaló que "el derecho está para que cada uno lo ejerza" y que si quieren recurrir que lo hagan, aunque apuntó que quiere "saber cuáles son los motivos" que van a argumentar.
Por último, sobre la pieza pendiente del caso de la "Ciudad del Golf" que implica al alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, la consejera señaló que no tiene "nada que decir" hasta que haya una sentencia al respecto.
Sin indicios de delito
En el auto hecho público este lunes, el titular del Juzgado número 3 de Valladolid argumenta que si la Sala de lo Penal del TSJCyL no apreció indicios de delito en la actuación de la consejera de Medio Ambiente al no percibir "ejercicio arbitrario del poder" y, por tanto, no había lugar para incoar causa penal, aunque reconoció que se omitió un trámite parlamentario en el proceso, "ninguna razón existe para afirmar lo contrario de los técnicos que propusieron el informe".
Para el juez instructor, en sus actuaciones "no existen elementos indiciarios bastantes para afirmar que la conducta de los partícipes en cuanto que funcionarios públicos o responsables administrativos en la evaluación o declaración de impacto ambiental de la "Ciudad del Golf" (?) haya incurrido en la conducta del artículo 329 del Código Penal -sobre la concesión a sabiendas de licencias ilegales que autoricen el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes- ni en ningún otro delito".
En el auto, se insiste en que "no hay constancia, indicio o dato alguno que permita afirmar que los funcionarios, (?) a sabiendas de su injusticia, hubiesen informado favorablemente" la declaración de impacto ambiental y apunta que "tal información favorable, a la postre indirectamente corregida por la jurisdicción contencioso-administrativa, pudo ser equivocada o errónea incluso en las medidas correctoras o compensatorias" pero "no hay motivo para avanzar un paso más en su calificación y estimarlas que eran irrazonables e injustas".
Antecedentes
La Audiencia Provincial de Ávila ratificó en abril de 2009 la división en cuatro piezas de la instrucción del caso de la "Ciudad del Golf", como solicitó en octubre de 2008 el fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez. La primera, sobre la que se dictó el auto de sobreseimiento este lunes, hace referencia a la declaración de impacto ambiental que se tramitó en la Consejería de Medio Ambiente.
La segunda es sobre la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó definitivamente el plan parcial y la tercera se refiere al inicio de las obras de urbanismo una vez que se tuvo conocimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, actualmente en fase de investigación oficial. Por último, la cuarta está referida a procedimientos administrativos relativos al concurso y a la permuta.
La Audiencia Provincial decretó en diciembre de 2009 el sobreseimiento de la segunda parte por considerar que la actuación de los entonces miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila no fue constitutiva de un delito continuado de prevaricación. Por su parte, la Audiencia Provincial de Ávila juzgará por la tercera pieza al alcalde y al secretario del municipio, Gerardo Pérez y Carlos de la Vega, respectivamente, además de a Francisco Gómez Hernández, "El Paloma", propietario de la empresa Residencial Aguas Nuevas, promotora de la macrourbanización. El fiscal pide para cada uno de ellos doce años de inhabilitación.
El proyecto "Ciudad del Golf" cuenta con una inversión de cerca de 30 millones de euros para su construcción y abarca una superficie de 215 hectáreas, en las que están previstos 1.600 viviendas unifamiliares, un campo de golf de 95 hectáreas y dos hoteles de lujo de cuatro y cinco estrellas, cada uno de ellos con capacidad para alojar a 600 personas.