Castilla y León destinará un montante de más de 47 millones de euros para, en los años 2013 y 2014, proceder a la flexibilización y ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), a la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Empleo y al establecimiento de ayudas al pago de hipotecas y alquileres a fin de evitar desahucios.
Así lo ha explicado este lunes el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, quien flanqueado por los líderes de UGT y CC.OO, Agustín Prieto y Ángel Hernández, así como por el líder de Cecale, Santiago Aparicio, ha asegurado que de los tres pilares que sostienen el acuerdo, rubricado en el ámbito del Diálogo Social, el más novedoso se centra en la puesta en marcha de medidas extraordinarias para personas y familias en riesgo de desahucio.
En este marco ha situado Herrera las dos líneas de actuación dotadas con seis millones para 2013 y 2014: la primera se centra en la prestación de ayudas extraordinarias por un máximo de 3.200 euros para 2013 dirigidas a familias sin ingresos que no puedan hacer frente al pago de la cuota hipotecaria y la segunda centra su atención en las familias que no pueden pagar el alquiler (las ayudas de emergencias priorizarán el pago de la renta).
Se trata, según ha destacado Herrera, de líneas "muy estudiadas y muy marcadas" que se suman a las ya existentes y cuya gestión se llevará a cabo por las entidades locales titulares de Servicios Sociales.
El acuerdo recoge, asimismo, el "refuerzo y la mejora" de la flexibilización de acceso a la Renta Garantizada, que pasará de los 14.000 perceptores a principios de este año a 18.000 a 31 de diciembre de 2013 y a 28.000 en la misma fecha del próximo año, según las cifras ofrecidas por el presidente.
En este sentido, ha detallado que la agilización en la prestación de la Renta "mejorará" la flexibilización de los requisitos para las personas en especial situación de vulnerabilidad como extranjeros, víctimas de violencia de género o demandantes de mejora de empleo, la simplificación del procedimiento y la mejora del seguimiento, a lo que ha sumado un aspecto "muy importante": que no se trata de medidas pasivas sino dirigidas a la inserción laboral.
Así y tras recalcar que se intensificarán las acciones de formación y orientación laboral para beneficiarios con opciones de empleabilidad, Herrera ha ensalzado el consiguiente incremento presupuestario de modo que la partida para la Renta Garantizada, dotada con diez millones más en 2013 (este año contaba con un presupuesto de 33 millones), alcanzará, a finales de 2014, los 53 millones de euros.
El tercer pilar del acuerdo se sustenta en un Plan Extraordinario de Empleo que, con un montante de diez millones, favorecerá la contratación de personas desempleadas y sin prestación alguna, con prioridad a las víctimas de violencia de género, mayores de 50 años o perceptores de la Renta Garantizada, por un periodo de seis meses y su formación en adquisición de habilidades y competencias.
Se trata, por tanto, de incentivar la contratación laboral por seis meses de mano de entidades locales y sin ánimo de lucro y de favorecer a la vez la adquisición de habilidades, por lo que el 60 por ciento de la ayuda individual se destinará al empleo y el 40 por ciento restante, a acciones de formación y adquisición de habilidades y competencias.
"Son líneas muy estudiadas y muy marcadas que se incorporarán a las que ya se desarrollan", ha puntualizado el presidente de la Junta, quien ha defendido que el acuerdo rubricado este lunes pone de manifiesto que el Diálogo Social es "una realidad que funciona" y que se encuentra "a la vanguardia de los esfuerzos" por dar respuesta a las consecuencias "más dramáticas" de la crisis.
Asimismo, ha vinculado la salida de la crisis al fin de la recesión y a la creación de empleo estable y no estacional, ha apuntado al último trimestre y al inicio de 2014 como el de la salida de la recesión económica y ha recordado que los responsables públicos e institucionales deben hacer compatibles "la ilusión, la esperanza y la confianza" en este campo.