El Consejo de Ministros ha introducido dos novedades en la ley de Hidrocarburos que deberá aprobar el Parlamento. Por un lado, crea un nuevo impuesto sobre la explotación de petróleo y gas. Una tasa que pretende resarcir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. Desde la Asamblea Antifracking de las Merindades califican de soborno la medida del Gobierno.