Un peldaño más en la escalada tributaria. Esta vez las damnificadas son las rentas superiores. En Castilla y León, 2.751 personas cotizan por encima de los 150.000 euros cuyo gravamen se elevaría hasta el 45%, dos puntos por encima del actual. Medida que no reportará un incremento cuantioso a las arcas del Gobierno, ya que sólo un 40% de las personas que cotizan en esas cifras lo hacen por el trabajo, el resto lo obtienen de inversiones o rentabilidad del patrimonio.

Los expertos fiscales alertan que los nuevos gravámenes tendrán efectos perversos en los ahorradores.

Esta subida se suma a la ya aprobada por comunidades socialistas como Cataluña, Baleares, Andalucía, Asturias o Extremadura que manejan el 50% del IRPF, en estos casos, casi la mitad de los ingresos salariales, irían a parar a la administración. La Junta de Castilla y León ha descartado tomar medidas similares.