Tres exdirectivos de Caja Duero y Caja España han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que sus entidades ofrecieron a los preferentistas canjear sus participaciones de los años 2003 y 2004 por otras emitidas en el año 2009 "para no perder clientes de toda la vida", han informado fuentes jurídicas.
El antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández Fernández, su homólogo en Caja Duero, Arturo Jiménez, y el exdirector comercial de Caja España Óscar Fernández Huerga han declarado este viernes como imputados en la causa que les investiga por delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas por la emisión de estas participaciones, durante los años 2009 y 2010, con el objeto de "capitalizar" ambas entidades, fusionadas actualmente como Banco CEISS.
Los directivos han asegurado que el mercado evolucionó entre ese plazo de seis años por lo que otros bancos ofrecían mayor rentabilidad y existía un riesgo de fuga hacia otras entidades. Por ello decidieron lanzar una nueva emisión con un interés más elevado y facilitar el canje.
La entonces Caja España realizó dos emisiones de Participaciones Preferentes, el 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés del 5,15 y del 8,25 por ciento, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral.
Por su parte, Caja Duero también realizó dos emisiones, una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral.
El tres por ciento del beneficio
Los tres exdirectivos han asegurado también que las emisiones contaron con el aval del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y han concretado que el beneficio para sus cajas alcanzado con preferentes y deuda subordinada no alcanzaba el tres por ciento del total.
En cuanto a la información ofrecida a los compradores de estos productos híbridos --que, según defienden los querellantes, no fue suficiente-- los imputados han precisado que todas las oficinas comerciales contaban con un tríptico informativo. Han asegurado, además, que remitieron una circular interna a las sucursales en la que se solicitaba que esta documentación debía ser entregada al cliente acompañada con una explicación sobre su contenido en caso de que el comprador así lo demandara.
El juez Eloy Velasco cierra, con estos tres interrogatorios, la ronda de citaciones, avaladas por la Fiscalía, consecuencia de la interposición de una querella contra ambas entidades por parte de la Unión de Consumidores de Castilla y León.
Cualquier economía doméstica era apta
El abogado de los querellantes, Santiago Díez, ha precisado, en declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Nacional, que los imputados han defendido ante el magistrado que "cualquier economía doméstica y minorista podía ser apta para cubrir el producto".
"El éxito de las nulidades por falta de información está cercana al 95 por ciento de modo que o se están equivocando todos los jueces de España o alguien no está diciendo la verdad en este procedimiento", ha indicado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió esta investigación después de que en julio pasado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera una recurso contra la decisión inicial del magistrado de no admitir a trámite la querella.