La Consejería de Economía y Empleo modificará las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para 2015, que se rebajarán una media de un 20 por ciento, lo que supondrá una reducción para los conductores de 10 millones de euros.
Así lo ha asegurado el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien ha comparecido este viernes en las Cortes de Castilla y León para presentar los presupuestos de su departamento.
Villanueva ha asegurado que con el fin de "ajustar a la coyuntura del momento" las condiciones de los servicios obligatorios que afectan a los ciudadanos de Castilla y León se ha decidido revisar "a la baja" las tarifas de la ITV "para que su coste se equipare a la media del resto de España".
Por ello, ha asegurado que se ha impulsado un expediente administrativo de cambio en las condiciones de este servicio de ITV en lo referente a las tarifas a aplicar y a su criterio de actualización anual.
A este respecto, ha añadido que recientemente ha firmado la orden de modificación correspondiente que supondrá esta reducción de un 20 por ciento de media para el próximo año, la cual entrará en vigor a principios de 2015.
Castilla y León se encuentra actualmente entre las comunidades con los precios más altos para esta inspección obligatoria, por ejemplo en los vehículos diésel, según un reciente estudio de Facua-Consumidores en Acción, que también refleja que la Comunidad tiene los precios más altos en el caso de motocicletas y ciclomotores.
Ante la previsión de la posibilidad de esta reducción, los concesionarios de la ITV de Castilla y León ya anunciaron en septiembre acciones judiciales si la Junta hacía efectiva la rebaja del 20 por ciento en las tarifas, según indicó la Asociación de empresas concesionarias.
El colectivo recordó que la Comunidad "eligió libremente" su modelo de gestión para la prestación del servicio, con lo que "las empresas que operan en la región lo hacen bajo un título legalmente obtenido y de acuerdo con los contratos de concesión vigentes y la normativa de contratos del Estado", que regula también las tarifas de aplicación.
El colectivo recordó que los últimos años las tarifas estuvieron congeladas y señalaron que "la bajada de precios afectaría ala viabilidad de las empresas y la adopción unilateral de la misma supondría una expropiación encubierta de los derechos de los concesionarios" en un sector que emplea a 546 personas.