Un total de 16 beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) en Castilla y León cobra 6,4 millones de euros frente a los cerca de 15.000 pequeños agricultores que se reparten 9,7 millones.
Los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, permiten comprobar el número de perceptores y las enormes desigualdades en los tramos de ayudas directas correspondientes al año pasado.
La Comunidad suma un total de 74.055 beneficiarios que, en conjunto, reciben 899,5 millones de euros. De ese número de agricultores y ganaderos, el dos por ciento percibe más de 60.000 euros, que son los que se verían afectados por el 'capping' o recorte que plantea la reforma de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027.
Las estadísticas del Ministerio demuestran el desequilibrio del reparto de las ayudas directas de la PAC, con una minoría de grandes perceptores. No en vano, la región cuenta con 16 beneficiarios que cobra más de 300.000 euros como propietarios de explotaciones –con una media de 400.000 euros- mientras que 14.982 pequeños agricultores cobran menos de 1.250 euros. El grueso de los agricultores de Castilla y León (57.572) percibe entre 1.250 y 60.000 euros, hasta repartirse 749,1 millones de euros. Además, hay otros 1.113 profesionales con ayudas directas entre 60.000 y 100.000 euros, que en conjunto perciben 82,5 millones euros. Por último, otros 372 beneficiarios cobran 51,6 millones.
Los cerca de 900 millones de euros que deja la PAC en la Comunidad suponen el 18,4 por ciento del total de dinero que recibe España (4.881,5 millones de euros). La cuantía que recibe Castilla y León es la segunda más alta del país, solo por detrás de Andalucía, que aglutina casi el 30 por ciento de las ayudas de la PAC, hasta los 1.449,5 millones. Por detrás, están territorios como Castilla-La Mancha (659,1 millones), Extremadura (508,7 millones) y Aragón (421,5 millones de euros).
El segundo puesto en importes de ayudas se convierte en el tercero en el caso del número de beneficiarios, ya que los 74.055 profesionales del campo de la región son inferiores a los 239.500 perceptores de Andalucía y los 110.000 de Castilla-La Mancha. Además, casi una de cada cuatro hectáreas con derecho a la PAC en España se encuentra en Castilla y León, hasta sumar 4,6 millones del total de 20,8 millones existentes en el conjunto del país.
El reparto de la PAC puede variar con la reforma que propone la Comisión Europea para aplicar recortes progresivos de las ayudas directas cobradas a partir de los 60.000 euros, que perjudicaría e los que ahora perciben más dinero. A la vista de las estadísticas del FEGA, la Comunidad cuenta con 1.501 beneficiarios que reciben más de esa cantidad. Suponen apenas el 2 por ciento del total de perceptores pero se reparten hasta 149,4 millones de euros, es decir el 15 por ciento del total del importe de las ayudas. De la misma forma, un 98 por ciento de los profesionales del campo de la región quedaría exento del 'capping' propuesto por las autoridades comunitarias.
España suma 9.070 perceptores de la PAC que reciben más de 60.000 euros, un 1,2 por ciento del total, que cada año suman casi mil millones de euros. Entre ellos están, los 237 beneficiarios que cobran más de 300.000 euros y se reparten 113,3 millones de euros. De ellos, seis de cada diez tienen explotaciones en Andalucía, seguidos de los 28 de Extremadura y los 25 de Castilla-La Mancha.
Agricultor 'genuino'
Las organizaciones agrarias profesionales (opas) de Castilla y León coinciden en el desigual reparto de las ayudas de la PAC y apuestan por primar al agricultor y ganadero 'genuino', cuyos ingresos dependen en mayor medida del trabajo de sus explotaciones. El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, reclama que las ayudas vayan a los profesionales del campo y que el montante del dinero tenga en cuenta la producción y su calidad, además de valorar el tipo de explotación y la creación de mano de obra. Recuerda que la Comunidad es una de las regiones con más agricultores y ganaderos pero también donde existen más diferencias entre cultivos y tipo de profesionales.
Dujo precisa que un número considerable de beneficiarios de la PAC cobra ayudas pese a no ser agricultores a título principal como los labradores jubilados y las personas que tienen otro empleo. 'Es llamativo que cobren algo', declara.
Tope en la nueva PAC
En cuanto a la propuesta de la Comisión Europea para fijar un tope en las ayudas, el responsable de Asaja considera que la medida afectará a un número escaso de explotaciones. 'Si finalmente se aplica, sus responsables optarán por dividir las grandes explotaciones para no superar los posibles recortes en las ayudas de la PAC, por lo que será poco efectivo', añade.
El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, recuerda que su organización siempre ha apostado por repartir 'de otra manera' las ayudas de la PAC. A su juicio, los criterios de Europa no deben primar el número de hectáreas sino que a los profesionales que tienen la agricultura como actividad principal. 'Necesitamos sembrar para producir y vivir de ello en lugar de beneficiar a los que tienen la agricultura como una segunda actividad o para invertir', explica.
De ahí que UCCL abogue por una mejor redistribución de las ayudas de la PAC. 'Es un dinero que no debe servir para compensar las rentas sino para fijar población en el medio rural', añade González Palacín. Apoya la propuesta de la Comisión Europa para la reforma de la PAC para 'topar' a los mayores beneficiarios de ayudas 'por no hacer nada', a diferencia de las grandes explotaciones con varios titulares con una producción elevada y que dan empleo a varias personas. También defiende que ese 'capping' recoja excepciones en algunos sectores como la ganadería de vacuno y de carne.
La Alianza UPA-COAG Castilla y León considera que la PAC está 'mal diseñada' al valorar el número de hectáreas sin tener en cuenta los aspectos sociales, como si el beneficiario es agricultor a título principal y vive en el medio rural. El secretario regional de UPA, Aurelio González, demanda una nueva Política Agrícola Común más social, que valore el agricultor 'genuino' para que reciba primas especiales, además de fijar 'techos' para determinadas explotaciones que apenas producen ni crean empleos.