La Junta de Castilla y León pondrá en marcha un Plan de Inserción Socio-Laboral con más de 120 actuaciones que se desarrollará hasta 2020, al que se destinarán 335,6 millones de euros y que podría llegar a 109.000 personas con el principal objetivo de mejorar la empleabilidad y acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado este Plan en el marco de una jornada que se ha celebrado en el Edificio de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que ha clausurado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, y que ha contado con la participación y asistencia de unas 300 personas en representación de empresas, sindicatos y representantes del Tercer Sector.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que la situación de crisis impulsó a la Junta en 2013 a crear la Red de Protección a las Familias, que espera llegar este año a 180.000 personas, pero por otro lado la Comunidad ha firmado en enero con los agentes económicos y sociales en enero de este año la nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 2016-2020.

Ambos son los pilares en los que se fundamental el Plan de Inserción, que persigue, una vez que la Red atiende las necesidades básicas, atender al "reto" del empleo como "fundamento básico de la igualdad de oportunidades y de la equidad social".

Por eso este Plan se enfocará principalmente en mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables, una vez garantizadas con carácter previo la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, vivienda o de cualquier otro tipo comprendidas en la Red de Protección porque a pesar de que hay datos positivos, ha indicado García, las circunstancias "exigen seguir avanzando" y no quedarse estancados, cubrir con una cobertura integral.

Así, el Plan va dirigido a personas con discapacidad y en exclusión o en riesgo de estarlo, como puede ser el caso de personas drogodependientes, inmigrantes, jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma, minorías étnicas o mujeres víctimas de violencia de género, en definitiva, las personas más vulnerables.

Con este Plan se trata de reforzar la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral, con una atención integral de trabajo colaborativo en red y con una visión común de apostar por las personas más necesitadas. Además, persigue pone en valor la inversión social y muestra a la sociedad los beneficios, en términos económicos, derivados del gasto social y de los retornos que genera, ya que se pretende cambiar la percepción social de esta "inversión social".

Las actuaciones que contempla son personalizadas y se adaptarán a las diferentes circunstancias y perfiles de las personas, dado que no todas necesitan los mismos apoyos. El Plan se apoya en el itinerario personalizado de inserción socio laboral que incluye actuaciones en función de la persona y, junto a esto, potencia la figura del asistente personal para el empleo de las personas con discapacidad.

Coordinación y participación

Alicia García ha destacado el carácter integral del Plan, con actuaciones para fomentar la contratación en empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro, empleo protegido, autoempleo, creación de empresas y apoyo en la intermediación laboral.

La consejera ha incidido en que se trata de un Plan participado, participativo y transversal, que cuenta con las entidades del tercer sector y las entidades locales para su desarrollo y toda la coordinación se dirigirá hacia un modelo con planificación de casos y procedimientos compartidos en todas sus fases.

Por otra parte, ha explicado que se sustenta en la innovación social y entre las novedades están la figura del 'gestor de contexto' -entidad sin ánimo de lucro experta en servicios de proximidad y conocedora de las posibilidades del territorio que desarrolla líneas de negocio adaptadas a las capacidades de las personas- y programas innovadores que permitan conectar las preferencias personales con las necesidades del mercado para priorizar nichos de empleo.

Por último, el Plan pone en valor la integración social y laboral de las personas más vulnerables al apostar por un cambio en la percepción del gasto social en estos colectivos, ha añadido Alicia García, quien ha señalado que de esta forma Castilla y León se convierte en un "laboratorio de innovación social en la inclusión".

El Plan se estructura en cuatro ejes que desarrollará más de 120 actuaciones. El presupuesto estimado del Plan es de 335,6 millones de euros para el periodo 2016-2020, de los que 67,3 millones de euros están previstos en 2016. Se estima que el conjunto de acciones de formación, orientación e inserción laboral podrán llegar a 109.000 personas en todo el periodo de desarrollo del Plan.

Su primer eje pasa por la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables, por lo que el objetivo general es promover la inclusión social y evitar cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo a través de acciones orientadas a la mejora de la empleabilidad y al apoyo de mercados laborales inclusivos.

Un segundo eje es el acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado laboral de las personas en situación de riesgo o exclusión social para lo que se facilitará el empleo de las personas más vulnerables en el mercado laboral a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública.

El tercer y cuarto eje tienen un carácter instrumental, el primero de ellos persigue el diseño de un modelo avanzado de intervención en materia de inclusión social apoyado en dos estrategias combinadas: la organización integrada de los servicios en un sistema de red y la atención intensiva, proactiva y preventiva a las personas en riesgo de exclusión mientras que el último tiene como cometido poner en valor la integración social y laboral de las personas más vulnerables.

Próximas actuaciones

La consejera ha adelantado que el próximo mes se aprobará ya una medida que consistirá en un nuevo acuerdo sobre la incorporación de nuevos aspectos sociales en la contratación pública y ha asegurado que a lo largo de este año se realizarán los primeros trámites para sacar adelante el proyecto de ley de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis.

"Se trata de no dejar a nadie en la cuneta ni en el camino", ha asegurado García, quien ha añadido que el Plan no son "sólo cifras" sino que pone el acento en las personas.

En este marco, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas como prestadoras de los servicios más cercanos, algo que considera que en Castilla y León se hace "razonablemente bien".

Sin embargo, ha abogado por trabajar hacia "una sociedad social, cohesionada, inclusiva, que no deje de lado a nadie" para lo que ha destacado la necesidad de evitar la exclusión, algo "fácil de decir y complejo de hacer", de un colectivo vulnerable "cada vez más amplio".

Así, considera que la mejor forma de integración es el empleo, no una sociedad puramente asistencial, que también, sino ser "más proactivos" para que ésta sea más inclusiva.

El plan, ha añadido Rosa Valdeón, hace pasar "de un concepto transversal a uno integral" de atención, ya que la labor del Gobierno no es sólo legislar sino también escuchar a la sociedad y llevar a cabo  medidas.