TORO DE LA VEGA

De Santiago-Juárez desmiente que el Pacma participara en la negociación que acabó con el decreto que prohíbe matar al Toro de la Vega

El consejero de la Presidencia rechaza que se trate de una decisión electoralista y asegura que 'nadie en septiembre sabía que habría elecciones en junio'

Ical

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha desmentido que la Junta de Castilla y León viniera negociando desde el pasado mes de septiembre con el Partido Animalista Pacma la prohibición de matar al Toro de la Vega de Tordesillas, y aseguró que la única reunión que mantuvo con una representante de esta formación fue a petición del propio Pacma y apenas duró diez minutos.

De Santiago-Juárez insistió que las negociaciones comenzaron en septiembre, pero calificó de "falsedad" las declaraciones de representantes del Pacma que aseguran que participaron en todo el proceso de negociación. Además, resaltó que antes de tomar esta decisión desde la Junta se recogió la opinión de los ganaderos, de representantes de la tauromaquia, de la cultura, de la comunicación, de las universidades y del propio municipio de Tordesillas.

Al mismo tiempo, rechazó que se trate de una decisión electoralista y aseguró que nadie en septiembre se podía imaginar que habría elecciones en junio. En este sentido, argumentó que fue una decisión "difícil y muy dialogada" e insistió en que tiene como objetivo proteger una tradición que se ha ido modificando a lo largo de su historia, como buena parte de los encierros populares que ahora se celebran en la Comunidad. "Teníamos dos opciones, o prohibir la tradición o adaptarla a la cultura y la sensibilidad del siglo XXI", aseveró.

Además, argumentó que el Toro de la Vega también se ha ido adaptando y apuntó que "hasta no hace muchos años se el ponían banderillas de fuego e incluso se permitía el uso de vehículos a motor en el recorrido".

Por último, indicó que el Ayuntamiento de Tordesillas está en su "legítimo derecho" presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto-ley de la Junta, pero advirtió que en un estado de derecho la ley está para cumplirse.