La Audiencia Provincial de Ávila juzgará por el caso de la macrourbanización de la Ciudad del Golf, en Las Navas del Marqués, al alcalde y al secretario del municipio, Gerardo Pérez y Carlos de la Vega, respectivamente, además de a Francisco Gómez Hernández, "El Paloma", propietario de la empresa Residencial Aguas Nuevas, promotora de la macrourbanización. El fiscal pide para cada uno de ellos doce años de inhabilitación.
Según el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila, pieza 4, se acusa a estas tres personas de un "delito continuado de prevaricación genérica", y además de la inhabilitación se les pide que "presten solidariamente" una fianza de 6.000 euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes en la causa.
Montes de las Navas
El magistrado juez Miguel Ángel Pérez firma el auto basándose sobre el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular.
En este sentido, la Fiscalía Provincial de Ávila, en la persona de Juan Miguel Gómez Cortés, concluye que, en mayo del año 2000, se constituyó la sociedad Montes de las Navas SA para "adquirir terrenos rústicos pertenecientes a Unión Resinera, en Las Navas del Marqués, mediante una operación especulativa".
Para presidir esta sociedad fue elegido el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y para dirigirla, el secretario municipal, Carlos de la Vega, aunque la constitución de la sociedad sirvió para "sortear determinados escollos legales".
Señala el fiscal que "no hay constancia de que, en esta fase de constitución de la sociedad se contemplara esa finalidad torticera", aunque "sí está claro que se aprovechó, en algunas ocasiones, por sus gestores, la facilidad de actuar, unas veces como administradores de la sociedad y otras, como miembros de la Corporación local, para solventar las complicaciones legales que surgieron después", cuando hubo que "acceder a las exigencias" del promotor de la Ciudad del Golf, el también acusado, Francisco Gómez Hernández, alias "El Paloma", administrador de Residencial Aguas Nuevas SA y que "no habrían podido ser satisfechas sin vulnerar la ley".
Recalificación
El fiscal señala que, en la reunión del Consejo de Administración de Montes de las Navas que se celebró en noviembre de 2001, se informó de la reclasificación de 95 hectáreas de la zona denominada "Cuerda de la Estación", así como de los contactos mantenidos con varias empresas interesadas en la operación urbanística y compra de terrenos, cuyo precio se aplicaría a la amortización de los pagos pendientes.
También se informó de la firma de una declaración de intenciones con Residencial Aguas Nuevas, que expresaba su interés por adquirir las 95 hectáreas ya reclasificadas como suelo urbanizable por 9.157.321 euros, aunque también se indicaba que, si fuera necesario incluir una ampliación de otras 50 hectáreas, se negociarían "otras compensaciones en función de la reclasificación del terreno".
En una cláusula adicional, se hizo constar, sin embargo, que en la superficie total se incluirían las 50 hectáreas y, "por el mismo precio, con un total de 1.500 viviendas".
En la reunión, igualmente, se informó del proyecto de urbanización de la Ciudad del Golf, presentado por la promotora días antes, para desarrollarse en una superficie de 212 hectáreas ?se incrementaba la superficie urbanizable en 67 hectáreas-, y, entre los acuerdos adoptados, se incluyó el de llevar a cabo un proceso de licitación pública, "procurando que ello no suponga un fracaso del proyecto".
En febrero de 2002, salió a concurso la enajenación de una finca de 215 hectáreas ?tres hectáreas más que las anteriormente acordadas-, de las que 95 estaba recalificadas y el resto aparecía como suelo rústico "pendiente de reclasificar en la revisión de las normas urbanísticas municipales".
Un mes después, Residencial Aguas Nuevas presentó su oferta, ofreciendo el realizar los pagos a plazos, aunque condicionó los dos últimos a la aprobación definitiva de la clasificación, como suelo urbanizable delimitado, las 120 hectáreas que entonces eran suelo rústico.
Finalmente, en abril de 2002, Montes de las Navas adjudicó el concurso, por 10.307.358 euros, más el IVA correspondiente y, un mes después, se firmó un contrato privado entre esta sociedad y Residencial Aguas Nuevas, para, en agosto, firmar la escritura de compraventa, aunque, en ese periodo y como resultado de unos "supuestos trabajos de medición" en la finca, "se descubrió que los terrenos vendidos no medían exactamente 215 hectáreas sino 192", por lo que hubo que descontar del precio la parte correspondiente y se quedó el precio en 9.953.971,77 euros.
Apariencia de legalidad
Las conclusiones de la Fiscalía Provincial estiman que, en las escrituras de compraventa, por otra parte, se introdujo una condición por la que, si en dos años, no se hubiera aprobado la reclasificación de los terrenos calificados ahora como suelo no urbanizable ?algo más de 97 hectáreas-, la compradora podía exigir la devolución de la parte del precio correspondiente; es decir, 2,9 millones de euros más el 50 por ciento de un descuento fijado anteriormente, que supondría otros 250.000 euros.
Según el fiscal, esta compraventa "muestra claramente lo que Montes de las Navas entendía por llevar a cabo un proceso de licitación pública procurando que ello no suponga un fracaso del proyecto", pues el concurso proporcionó una "apariencia de legalidad, al cumplirse las formalidades externas".
Sin embargo, "en el fondo", se adoptó una "resolución arbitraria", al firmar unas condiciones económicas que "no estaban previstas en la convocatoria del concurso" y con la "única finalidad de beneficiar a Residencial Aguas Nuevas", para que no retirara su oferta.
Permuta
Ahí no acabó la cosa, pues, también en agosto de 2002, Gerardo Pérez, como consejero delegado de Montes de las Navas "y no como alcalde", solicitó al jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente "la permuta de una franja de terreno" de 1.500 metros de longitud y 80, de ancho, de un monte público situado al noroeste del monte de propiedad municipal, por otra de 2.000 metros de longitud y 60 de ancho, perteneciente a esta sociedad.
La permuta fue autorizada en abril de 2003 y, cinco meses después, Gerardo Pérez, como alcalde de Las Navas, aprobó la operación, lo que el Ministerio Fiscal considera "otra manifestación de la doble personalidad jurídica que permitirá al Ayuntamiento evitar las dificultades legales que presentaba la operación".
Es más, según el fiscal, "la vía más directa" para transmitir la parcela de monte público a la promotora, por parte del ayuntamiento, tendría que haber sido venderla, aunque, una vez descatalogada, la parcela debería haber salido a subasta, lo que se evitó ideando "una permuta y una compraventa", de manera que el ayuntamiento cambiara la parcela de monte público por otra de Montes de las Navas y esta sociedad la vendería a la empresa promotora, concediéndole previamente una opción de compra.
A todo ello hay que añadir las irregularidades detectadas en el expediente de permuta y el hecho de que, "en ningún momento, quedó acreditado que el ayuntamiento careciera de liquidez para comprar las parcelas que se permutaron por la del monte público", por lo que "no estaba justificada económicamente la adquisición por permuta" y "viene a demostrar, una vez más, que lo único importante era vender como fuera" la parcela a Residencial Aguas Nuevas.
Delito continuado
Según el Ministerio Fiscal, todos los hechos son "constitutivo de delito continuado de prevaricación genérica", previsto en el Código Penal.
Del mismo se considera responsables a Gerardo Pérez, como alcalde de Las Navas y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Montes de las Navas; a Carlos de la Vega, como secretario del Ayuntamiento y director general de esta misma sociedad, y, como inductor de estos delitos, al promotor Francisco Gómez Hernández, administrador único de Residencial Aguas Nuevas.
Por ello, el fiscal pide la pena de doce años de inhabilitación especial para los empleos y cargos públicos que actualmente ostentan para Gerardo Pérez y Carlos de la Vega, así como otros doce años de inhabilitación especial para la profesión de promotor inmobiliario a Francisco Gómez Hernández.
Por su parte, el auto, fechado el 15 de diciembre, se ha notificado, además de a los acusados, al Colectivo Cantueso, a la Asociación Centaurea, a CCOO, a Ecologistas en Acción de Castilla y León, a la Abogacía del Estado y a la Junta de Castilla y León, así como a todos aquellos que, inicialmente, estuvieron imputados en el caso, como los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que dieron el visto bueno al proyecto de la Ciudad del Golf o al entonces delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo