El Tribunal Supremo sentencia en contra de la incineración de Residuos Industriales en la cementera ubicada en el municipio palentino de Venta de Baños, que permitía la quema de más de 100 toneladas de residuos al día.

La sentencia anula una autorización del 21 de septiembre de 2010 por la que se autoriza a la Cementera Portland Valderrivas a la incineración de residuos industriales no peligrosos sin realizar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, ya que según Ecologistas en Acción, "se falseaban las cantidades que se establecían como capacidad de la instalación".

Los ecologistas han denunciado que "la Junta de Castilla y León plegada al lobby-proincineración cementero, no escuchó las alegaciones que realizó Ecologistas en Acción, pasó por alto el rigor con lo que tiene que examinarse la documentación y perjudicando una vez más a los ciudadanos. Y recurrió reiteradamente hasta el Tribunal Supremo, sentencia en contra, demorando esta autorización fraudulenta".

Los ecologistas han considerado además que "es una muestra más de que la Junta de Castilla y León se pliega a los intereses de la incineración, justo cuando la Comisión y el Parlamento Europeo han propuesto eliminar en el año 2020 la incineración de los residuos que se pueden reciclar".

Muestra de lo anterior, según Ecologistas en Acción, es que la Administración regional, mientras en una cementera en el Bierzo ante la movilización popular paraliza la incineración de residuos, en otras como en la Montaña Central leonesa o en Palencia, autoriza repetidamente a las cementeras la incineración.

En este sentido, los ecologistas han manifestado que la quema de residuos de todo tipo hace que los ciudadanos "sufran, la emisión de contaminantes como los de Ozono, altos índices de sustancias tóxicas orgánicas o dioxinas o furanos, conocidos como alteradores hormonales".

Por último, los ecologistas han asegurado que hasta el momento las planificaciones de residuos realizadas por la Junta de Castilla y León ya han sido tumbadas en los tribunales, debido a que "se pliegan a los intereses económicos y no a los contenidos normativos de medio ambiente y salud pública".

"Desgraciadamente, se desoye una y otra vez la prioridad legal en el tratamiento de residuos y que todos conocemos, pero que para estas instalaciones no se reconoce. Todos sabemos que la prioridad de las 3 Rs, es la reducción, reutilización y reciclado, sin embargo se autoriza la quema de residuos que se pueden reutilizar o reciclar en favor de estas instalaciones", han puntualizado.