Defiende que el fracking es seguro

El PP rechaza que se declare a Castilla y León libre de fracking

  • La iniciativa socialista contó con el voto en contra del procurador popular y alcalde de Arcos de Jalón, municipio libre de fracking desde diciembre de 2012.

Ical

El procurador del Grupo Popular Arturo Pascual defendió este lunes que la fracturación hidráulica es "aceptable y segura" y no se pueden rechazar los proyectos de investigación presentados en la Comunidad Autónoma porque pueden ser "parte de la solución" a los problemas de dependencia energética de España y de Castilla y León. Pascual minimizó la legislación aprobada en otras comunidades en contra de esa práctica y recordó que puede ser recurrida por el Tribunal Constitucional.

La mayoría popular rechazó la iniciativa de la oposición socialista de declarar a Castilla y León libre de fracking hasta que exista una legislación adecuada, con el voto del vicepresidente de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos de Jalón (Soria), municipio libre de esa práctica desde el 21 de diciembre de 2012, cuando se aprobó por el pleno municipal, recordado en el debate por la socialista María Sirina Martín.

En su propuesta, la procuradora socialista pidió la paralización de todos los proyectos de investigación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica, solicitados a la Junta, y la declaración de todo el territorio de Castilla y León libre de esa práctica hasta que se dispongan de las garantías legales, científicas y ambientales suficientes.

Martín sustentó su propuesta en la contestación por un "gran número" de ayuntamientos y en la posición "cautelosa" de las diputaciones de Burgos, Palencia y Valladolid, que cuentan con la mayor parte de los proyectos presentados mediante la técnica de fracking, así como en la falta de una "legislación adecuada" para garantizar que esa práctica ofrece garantías para la población y el medio ambiente.

"El proceso de concesión de los permisos se está llevando a cabo en Castilla y León sin contar con la población del territorio afectado", afirmó la procuradora, que presentó su propuesta conforme a los principios de precaución y cautela. Martín subrayó que sólo cuatro autonomías no se han expresado en contra, entre ellas Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, y el resto tiene normativas de rechazo al fracking en sus territorios.

Además, apeló al informe del Procurador del Común en el que se pide a la Junta que tome medidas para la protección de las personas y del medio ambiente y recomienda la revisión de la ley de Espacios Naturales de Castilla y León, en línea con lo realizado por el Parlamento vasco.

El popular Arturo Pascual, procurador por Burgos, no vio novedad en los argumentos de la socialista en relación a propuestas anteriores y afirmó que el debate sobre la seguridad del fracking está superado por los foros de expertos internacionales, mientras que Martín replicó que "no hay informes concluyentes" sobre la inocuidad de esa técnica. "Antepone los intereses de las empresas a los de los ciudadanos", reprochó.

Pascual aseguró que el carbón es tres veces más contaminante que el gas, añadió que Estados Unidos ya no quema este combustible, que lo vende a Europa, y rechazó la propuesta del PSOE de una moratoria en los proyectos de investigación cuando éstos pueden ser "parte de la solución" a los problemas de dependencia energética en Castilla y León, España y Europa.

En tal sentido, se refirió a la "pinza" a Europa por parte de Asia, con una mano de obra más barata, y de Estados Unidos, con energía más barata, que en su opinión afecta a la competitividad de España, que paga 60.000 millones por la compra de energía -40.000 es la factura de hidrocarburos-. "No es propio que se rechace una investigación que puede ser parte de la solución", defendió.

Por su parte, Martín reconoció el argumento del Tribunal Constitucional y subrayó que ayuntamientos y comunidades afectadas ya buscan fórmulas para articular medidas sobre sus competencias, como en ordenación del territorio o urbanismo, para oponerse al fracking en sus territorios.