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SINDICATO DE PRISIONES

Acaip se movilizará contra el 'hacinamiento' en las cárceles de CyL y para denunciar un déficit de 388 funcionarios

  • Tilda la situación de 'insostenible' debido a la conflictividad y al envejecimiento de plantillas, con una media de 54 años

Europa Press - miércoles, 15 de marzo de 2017

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) protagonizará movilizaciones en los próximos días para denunciar el actual "hacinamiento" de presos en las cárceles de Castilla y León y reclamar una mayor dotación de personal que ponga fin al déficit de plantillas y su envejecimiento.

El calendario de movilizaciones aún no ha sido establecido pero consistirá en concentraciones de funcionarios en los ocho centros penitenciarios de Castilla y León, al igual que en el resto de penales de toda España, tal y como ha anunciado hoy el secretario regional de Acaip, José Antonio Cartón, quien ha esbozado a grandes rasgos el 'polvorín' en el que se han convertido tales instalaciones debido a la aglomeración de reclusos, la "conflictividad" que ello genera y la escasa dotación de personal encargado de su vigilancia.

Con respecto a la masificación de las prisiones, Cartón, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado públicamente que en la actualidad los ocho centros en la región, con capacidad global para una población de 3.923 internos, aglutinan a un total de 4.419, equivalente a una "tasa de hacinamiento" del 112,64 por ciento, con casos especialmente graves como los que sufren el penal de Soria, con un 173,46%; el Segovia, con casi el 137%, o el de Valladolid, con un 147,94.

En el caso de Soria, el sindicalista recuerda que la nueva prisión se encuentra al 80 por ciento de su construcción, si bien la misma no podrá ser utilizada, según sus cálculos, hasta dentro de dos años y exigirá duplicar la plantilla actual de funcionarios.

A ello se suma una plantilla de funcionarios envejecida, con una media de edad que ronda los 54 años, y, sobre todo, un déficit de funcionarios cifrado en 388, que son las vacantes que quedan por cubrir--el 14,62%--si se tiene en cuenta que en las ocho cárceles de Castilla y León trabajan 2.169 efectivos y, en cambio, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) se sitúan en 2.557 plazas.

El déficit de funcionarios es más acusado en la prisión de Topas (Salamanca), donde tendría que haber 494 trabajadores y sólo hay 393, lo que representa una pérdida del 20,50%, seguida de Mansilla de las Mulas (León), Burgos y Valladolid, con un déficit del 18,83, 16,18 y 14,40, respectivamente.

Próxima pérdida de 1.500 funcionarios

"Donde antes había cinco funcionarios, ahora hay tres, y no es lo mismo trabajar con internos a los 30 años que con casi 54", lamenta Cartón, quien, además, ha anunciado que en los próximos cuatro años las plantillas de las cárceles de Castilla y León podrían verse mermadas en un total de 1.500 efectivos, resultante del pase a la segunda actividad a los 57 años de buena parte de los funcionarios, lo que impide a éstos seguir con tareas de vigilancia con los internos y reduce su actividad a labores meramente administrativas.

Cartón advierte de que la situación es caldo de cultivo para la proliferación de agresiones entre internos y de éstos hacia funcionarios, lo que pone en grave peligro la seguridad y vida de todos ellos.

Por tal motivo, Acaip ya ha reclamado que de las 560 plazas de funcionarios en prácticas aprobadas dentro de la oferta pública de empleo correspondiente a 2016 y que se incorporarán el próximo día 18, al menos 120 sean para las prisiones de Castilla y León, de ellas 20 para Palencia, León y Salamanca, 15 para Burgos y Valladolid y 10 para Ávila y Soria.

El sindicato exige también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se completen las RPT de todos los centros y que en los próximos concursos de traslados se cubra la totalidad de los puestos vacantes.

Acaip, mayoritario en el sector de prisiones, ha anunciado que, amén de las movilizaciones aún por fijar, tiene previsto reunirse con todos los grupos políticos para reclamarles el cumplimiento de las promesas realizadas en las últimas elecciones, así como con la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, para trasladarle la grave situación por la que atraviesan los penales castellanoleoneses.

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