La Consejería de Agricultura y Ganadería indemnizará a dos trabajadores que concluyeron su contrato por obra porque su admisión, como pidió este miércoles el Grupo Socialista, sería más gravosa para las arcas de la Comunidad y, además, ilegal porque convertiría a unos eventuales en fijos.

Así lo explicó la viceconsejera de Desarrollo Rural y directora del Instituto Tecnológico Agrario, María Jesús Pascual, quien afirmó que cumplirán la sentencia judicial con la opción de la indemnización no de la admisión y también en lo relativo a la restitución en su puesto de Valladolid de la persona que habían trasladado al centro de Villarejo de Órbigo para un proyecto de investigación.

Desde el respeto y cumplimiento del fallo judicial del TSJ, Pascual señaló que en el mismo se habla de falta de sustancialidad en el despido de dos trabajadores una vez concluido el proyecto de investigación en viticultura para el que habían sido contratados.

Además, rechazó que la indemnización para ambos trabajadores sea de 140.000 euros -70.000 cada uno según el cálculo de la socialista Ana Sánchez, que denunció estos hechos- y aseguró que será de 26.391 en un caso y de 26.878 en otro, a lo que se sumarán los salarios. “Nunca los 70.000 euros”, añadió.

Por otro lado, explicó que las tres plazas convocadas el pasado mes de agosto no tienen relación con los dos despidos y el traslado porque son de perfil jurídico y la otra para la contratación de un doctor en biotecnología de los alimentos. De ellas, se ha cubierto una, que es la vacante de Juan Zapatero, que dejó su puesto de jefe de área para acceder a la Secretaria General de la Consejería.

Con estos argumentos, acusó a la socialista Ana Sánchez de haber hecho una “amalgama” de asuntos y de no haber dicho la verdad. “Desmiento la versión falsa, oportunista y desfigurada”, señaló Pascual, quien pidió a la procuradora que “se documente”.