Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el marco de la "Operación Mochilo", lograron desarticular un grupo organizado especializado en estafas y falsificación de tarjetas bancarias para la posterior utilización de las mismas en empresas distribuidas por todo el territorio nacional, entre ellas en León.

Las investigaciones realizadas por los expertos de la Guardia Civil, permitieron identificar a los 17 integrantes del grupo, que fueron detenidos a lo largo de la pasada semana, practicándose detenciones y registros en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Martín de la Vega, Madrid, Barcelona, León e Irún. Así mismo, se imputó a otras cuatro personas más al ser considerados colaboradores necesarios en los delitos de estafa.

Fruto de los registros realizados se intervino gran cantidad de efectos utilizados para la comisión de las estafas y una considerable cantidad de documentación, que está siendo estudiada, pero que ya ha permitido determinar que han logrado hacerse con más de dos millones de euros.

Los detenidos, 15 hombres y dos mujeres, de diversas nacionalidades, cuentan con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años, contando el cabecilla con numerosos antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, varios de ellos por hechos similares a esta última detención. Todos los detenidos han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Los miembros de este grupo se encontraban perfectamente jerarquizados, contando con una cabeza visible, un ciudadano italiano que, desde Barcelona, impartía las ordenes a sus subordinados, distribuidos por toda la geografía española, pero afincados principalmente en Madrid.

El pasado mes de julio, una entidad bancaria detectó un posible uso fraudulento de tarjetas de crédito en la localidad de San Martín de la Vega, localizando dos nexos comunes, las transacciones eran por cantidades muy elevadas y las tarjetas habían sido emitidas en Estados Unidos y Canadá, poniendo estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Gracias a la colaboración de las entidades financieras afectadas, los agentes descubrieron una serie de operaciones bancarias, todas ellas por importantes sumas de dinero, con tarjetas procedentes, principalmente, de Estados Unidos, utilizadas en TPV de empresas, la mayoría creadas por ellos mismos, que habían tenido una actividad comercial nula o prácticamente inexistente.

Así, se pudo descubrir que contaban con la colaboración de dos ciudadanos nigerianos, que eran los encargados de la clonación de las tarjetas bancarias, contando con un pequeño laboratorio en un domicilio ubicado en la localidad de Torrejón de Ardoz, lugar donde recibían los datos de las tarjetas a través de Internet, desde cuentas de correo electrónico ubicadas en Reino Unido.

También se logró descubrir que, entre el grupo que se encargaba de poner en uso estas tarjetas, se encontraban dos españoles, que habían urdido un complicado sistema de colaboradores, todos ellos de empresas que habían tenido una actividad prácticamente nula, hasta el uso de las tarjetas falsificadas, y que prestaban su TPV para la materialización de la estafa a cambio de un porcentaje monetario.

Las primeras investigaciones permitieron descubrir otro complicado entramado, donde se puso al descubierto una segunda forma de operar del grupo ahora desarticulado. En primer lugar, los investigados localizaban empresas, generalmente sociedades limitadas, con un bajo o nulo movimiento empresarial. Para poder materializar todo el proceso, contaban con la inestimable colaboración de un asesor fiscal, que se encargaba de manipular toda la documentación contable y fiscal necesaria para dar la apariencia de viabilidad y solvencia de estas empresas.

Cuando conseguían que la apariencia de éstas fuera la de empresas solventes, y con un margen importante de movimientos mercantiles, demandaban a empresas aseguradas la compra de la mercancía. Estas últimas empresas comprobaban, a través de la aseguradora, la situación financiera de las primeras, asegurando, asimismo, el riesgo de la operación, en caso de impago de la transacción.

A partir de este momento se iniciaba la compra de la mercancía, generalmente alimentos, realizando el tributo con pagarés bancarios con distinto plazo de vencimiento, por valores que podían oscilar entre los 100.000 y los 300.000 euros. Todos ellos dependían de un ciudadano italiano afincando en Barcelona, el cual manipulada desde la ciudad condal todos los hilos del entramado, siendo el gestor de todas las sociedades y el encargado de distribuir las ganancias.