El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de León ha acogido este martes el juicio oral en el que se han enfrentado Triana Martínez, hija de la asesina confesa de Isabel Carrasco e imputada por el crimen, y la Diputación de León, que le reclama 6.583,8 euros.

La institución provincial requiere Triana Martínez esa cantidad por considerar que fue cobrada de forma "irregular" durante su etapa como trabajadora de la Diputación. La cifra que fue reclamada en un principio fue superior a los 10.000 euros, pero tras ser destinada judicialmente, se inició este proceso, en el que se reclaman 6.583,8 euros.

Este dinero, según mantiene la defensa de la Diputación, fue cobrado por Triana Martínez por tener con la Institución provincial un compromiso de exclusividad, que no se mantuvo porque la trabajadora realizó trabajos a título personal.

El abogado de la Diputación, Alejandro García, ha explicado durante la vista oral que Triana Martínez, en julio de 2007, aceptó y rubricó una reducción del 30 del complemento específico de su retribución, con la condición de que se le permitiera realizar trabajos por cuenta propia.

No obstante, pese a que este acuerdo fue aceptado por todas las partes no fue llevado a efecto y Triana Martínez continuó cobrando el total del complemento. Además, la Institución provincial no reclamó esa reducción del sueldo de la joven hasta el momento en el que finalizó su relación laboral, en 2011.

Según el letrado de la Diputación no existió "mala fe" por parte de la Institución provincial, sino que fue en el momento de llevar a cabo la "liquidación final" de la trabajadora cuando "se dio cuenta" de las cantidades "indebidamente cobradas".

Además, García ha mantenido en el juicio que hubo "abuso" por parte de Triana Martínez porque "percibió esa cantidad a sabiendas de que no le correspondía".

 Por su parte, el letrado de Triana Martínez, Francisco J. Solana, ha asegurado en la vista que el recurso presentado por la Diputación es "no válido" y ha solicitado que sea considerado de "inadmisible" por considerar que existen "vicios de invalidez".

Además, la defensa ha pedido al juez la "desestimación" del recurso de la Diputación con carácter subsidiario por considerar la "ilegalidad" que existió al otorgarle a Triana Martínez ese complemento por incompatibilidad y, además, ha insistido en que la trabajadora no podía renunciar a él.

"No era posible por la estructura del puesto de trabajo concederle una incompatibilidad", ha agregado el letrado, que también ha considerado que esa retribución "no era renunciable".

Tras la celebración de esta vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia. Previsiblemente, no será hasta después del verano cuando se conozca el veredicto del juez.