El informe de los expertos sobre financiación autonómica "abre la posibilidad" de avanzar en la definición de las necesidades de gasto de las autonomías por lo que Castilla y León podría mejorar las partidas que recibe para sus servicios básicos a los ciudadanos. El experto designado por la Comunidad en la comisión establecida por el Gobierno, Jaime Rabanal, presentó hoy sus conclusiones sobre el informe al Consejo de Gobierno de la Junta, y afirmó que es "positivo" porque "abre el abanico" de parámetros que beneficiarían a Castilla y León en la definición de la población ajustada para el reparto de los fondos.

Rabanal incidió en que la propuesta de los expertos no solo "no cierra ningún planteamiento" sino que "abre la posibilidad de que se mejoren" los parámetros para el reparto y Castilla y León, dijo, cuenta con los planteamientos técnicos para justificar unas necesidades de gasto mayor por factores como el envejecimiento poblacional o la dispersión.

En este sentido, la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, repitió que el informe de los expertos permite ajustar aún más los indicadores de reparto conforme a las necesidades de gasto de la Comunidad. Así, constató que seguirán trabajando desde el consenso con los grupos parlamentarios para definir los indicadores que "más beneficien a Castilla y León" y acudir a la negociación política con una postura de Comunidad.

Marcos, quien indicó que seguirán contando con el apoyo de Jaime Rabanal, insistió en que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pondrán sobre la mesa las propuestas que más convengan a Castilla y León en un marco de "equilibrio nacional". Marcos incidió en que en esta materia no puede haber colores políticos sino las necesidades de los ciudadanos a insistió en que Castilla y León seguirá abundando en los "hechos diferenciales que incrementan el coste de la prestación de servicios básicos aquí".

Para la portavoz y consejera de Agricultura que haya un documento de base ya es "positivo" y subrayó que urge que el Gobierno afronte la reforma del sistema porque el actual es "insuficiente" y no permite financiar los servicios fundamentales, que cuestan 6.300 millones cuando sólo llegan 6.100. "Existe una necesidad imperioso de que se modifique y que se haga por consenso", resumió.

Con todo, asumió que será muy difícil cerrar el modelo y constató que el marco político actual "no parece el más adecuado" en el Congreso para alcanzar un consenso. "Debe existir generosidad entre los grupos para alcanzar un consenso", advirtió.

Jaime Rabanal indicó que su objetivo desde el principio fue establecer adecuadamente las necesidades de gasto de las autonomías para prestar los servicios básicos esenciales, e insistió en que la propuesta abre la posibilidad de reformar los criterios de reparto de los fondos para los servicios básicos conforme al coste por tramos de edad de 75, 80 u 85 años para la sanidad, de mayores de 65 años para los servicios sociales y de 0 a 18 años para educación (hasta ahora sólo era hasta los 16). Así, recalcó que conforme se definan esos criterios así se fijará la población ajustada y los fondos que recibirá la autonomía, aunque en principio, que se contemplen esos factores y se abra a debate constituye un "elemento positivo".

Rabanal también explicó que la propuesta aboga por mantener los impuestos tradicionales cedidos y trata de responder a la falta de autonomía fiscal de las comunidades, ya que con la crisis se puso de manifiesto que "no tenían muchos instrumentos tributarios". Así, incidió en que plantearon dotar de capacidad normativa a las autonomías en el IVA y en los Impuestos Especiales, eso si, con carácter colegiado, de forma conjunta entre todas las autonomías, porque la normativa europea exige los mismos tipos en todo el territorio nacional.

Rabanal aclaró que la propuesta plantea dos fondos, una básico de nivelación, donde se determinará el porcentaje que aportará cada autonomía; y se determinará el grado de nivelación, que en el modelo actual está en el 75 por ciento. Y otro fondo de nivelación vertical, con fondos del estado que garanticen el principio de solidaridad, para igualar las capacidades fiscales, y que "todos tengan la misma financiación por población ajustada".

Estos dos fondos, indicó Rabanal, no garantizaban que las partidas que se definieran permitiesen cubrir los gastos de los servicios básicos esenciales, por lo que Castilla y León presentó un voto particular con otras autonomías, para defender la cláusula de status quo, es decir, que nadie pierda fondos con el nuevo modelo que se defina.

Jaime Rabanal también apeló a mejorar los mecanismos de coordinación y colaboración entre las autonomías y con el estado, potenciando la Conferencia de Presidentes, la comisión general de las comunidades y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aseveró que también es preciso impulsar la lealtad fiscal o la reestructuración de la deuda.

Una arquitectura global

Jaime Rabanal indicó que el trabajo desarrollado por los expertos presenta unas propuestas "demasiado genéricas" aunque en general "es positivo" porque supone un planteamiento de Estado. En este sentido, valoró que el informe de los expertos, que se presentó el pasado día 26 de julio, dentro del plazo de seis meses que concedió el Gobierno, a la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría; y al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, define una "arquitectura global" del sistema. Al respecto, constató que existe la oportunidad de poder formular un sistema que "borde los problemas de inestabilidad del modelo actual".

Rabanal destacó que "más allá de la generalidad" del informe en sus planteamientos, "es un avance" respecto al actual porque "define la arquitectura de un modelo" porque hasta ahora, dijo, las reformas respondieron siempre "a las necesidades políticas de cada momento". El informe define una "arquitectura global", una "ordenación" que facilita una estructura homogénea de las condiciones fiscales de las autonomías para evitar las las distorsiones que ese producen en la actualidad.

El experto de Castilla y León denunció, en este sentido, que el modelo actual es "muy complejo" y "poco claro en su funcionamiento", con cuatro fondos de garantía de los servicios públicos esencial, suficiencia, competitividad y compensación y convergencia con criterios de reparto distintos. "Con el modelo actual no está claro el resultado final del sistema", resumió