El Grupo Parlamentario Socialista propuso hoy la creación de un instrumento de mediación, a través de la estructura administrativa de la Junta de Castilla y León, entre las familias sobreendeudadas y las entidades financieras. Para ello, la portavoz Ana Redondo planteó la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico negocie un convenio con bancos y cajas para canalizar la forma de reducir las cuotas mensuales o de acordar entre las dos partes una moratoria del préstamo.

Así lo anunció hoy Redondo en la comparecencia de prensa que se produjo después de que su grupo registrara 695 enmiendas al reparto de partidas por importe de 291,91 millones, 34 sobre medidas financieras y 22 sobre el articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2011. La portavoz socialista indicó que unas 5.000 familias han perdido su hogar al no poder hacer frente al pago de las hipotecas y recordó que las ejecuciones hipotecarias se han incrementado un 70 por ciento a consecuencia de la crisis económica.

Asimismo, expresó que esta medida, que debería formar parte de las cuentas de la Junta para 2011, no supondrá la creación de ningún ente nuevo puesto que la Administración de la Junta está "sobredimensionada". Aseguró que es "posible y factible" puesto que pretende buscar "soluciones" y "facilitar" la vida "diaria" a muchos ciudadanos. Por ello, advirtió a los parlamentarios de la cámara autonómica de que peleará con "uñas y dientes" para que esta medida salga adelante.

Recalcó que el objetivo es alcanzar una medida que sea "beneficiosa" para todas las partes. Explicó que muchas familias han sufrido una "tragedia" al tener que abandonar sus hogares pese a que actuaron de buena fe ya que contrataron préstamos en un momento en que las entidades financieras facilitaban el acceso a las hipotecas y ahora no pueden devolverlos a consecuencia de los efectos de la crisis como el desempleo. Además, indicó que las entidades financieras se tienen que hacer cargo de los bienes hipotecados en caso de impago, es decir, de activos pasivos.

Por tanto, Ana Redondo sentenció que las administraciones y las entidades financieras tienen también que apechugar e implicarse en asumir los riesgos, para que estos no repercutan únicamente sobre las familias, que pese a perder su vivienda continúan siendo deudoras. Así, abogó por abrir un "cauce" de mediación puesto que insistió en que la Junta tiene la posibilidad de negociar con las entidades. "Imaginación al poder", apostilló.

Ana Redondo sostuvo que las enmiendas parciales de su grupo plantean mayores partidas mediante un recorte en diferentes partidas de gasto corriente. Para ello, defiende la reducción al mínimo de su expresión de aquellos desembolsos no detallados, no provincializados, que calificó de "cajones desastre", protocolarios, de publicidad institucional o vinculados a externalizaciones para contratar la elaboración de estudios

Ayudas directas a las familias

Por otra parte, la portavoz socialista indicó que un segundo grupo de enmiendas está dirigido a incrementar las ayudas directas para mejorar la situación en la que se encuentran las familias de Castilla y León. Censuró que las bonificaciones, que incluye la Ley de Acompañamiento, sustituyan a las subvenciones, lo que supone a su juicio un "fraude" a los acuerdos del Diálogo Social por parte de la Junta, quien aseguró se comprometió a que no desaparecerían.

Así, defendiendo que se recompongan con los 97 millones consignados bajo el epígrafe: "Otras prestaciones a la Dependencia", que Redondo indicó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, no ha sabido explicar.

Formación y empleo

Por su parte, el portavoz en la Comisión de Hacienda, Pascual Fernández, quien precisó que las enmiendas de su grupo se centran en la economía y, especialmente, en fomentar el empleo. Para este objetivo, una "prioridad" para los socialistas, se prevén destinar 28 millones, una partida que permitirá financiar las políticas activas de empleo. También destacó las propuestas de reforma referidas a la protección a los desempleados ya a la estructura productiva de la agricultura y ganadería.

Por ello, las consejerías Economía y Empleo aglutinan 116 por un importe de 79,6 millones y Medio Ambiente 114 por valor de 24,01 millones para planes de empleo verde, planes de ordenación de los recursos naturales o de sellado de vertederos. Además, Fernández insistió en que a juicio de su grupo la Consejería de Agricultura y Ganadería debería aumentar las partidas vinculadas a la modernización de regadíos, a la concentración parcelaria, así como a la investigación en nuevas razas.

A sanidad, los socialistas vinculan 103 enmiendas, lo que supondría un volumen de actuación de 30,5 millones para dotar, principalmente, de equipamientos a 25 centros de salud y para acometer obras en siete hospitales comarcales de localidades como Astorga, Ciudad Rodrigo o Cuellar, así como para reforzar la atención sobre fibromialgia.

Los socialistas también presentaron 99 enmiendas a las cuentas de Fomento para mediante 65 actuaciones adelantar las obras en carreteras, mejorar las estaciones de autobuses, ampliar la red Cylog o incrementar los planes de rehabilitación, construcción de viviendas o de extensión de la banda ancha, la Televisión Digital Terrestre (TDT) o de telefonía móvil. También creen que la Consejería de Turismo debería aumentar sus inversiones en museos, promocionar el mudejar y apoyar las candidaturas de Burgos y Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura.

Respecto a las políticas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, registraron 69 enmiendas por valor de 44,03 millones puesto que el PSOE considera necesario crear más plazas de residencia en colaboración con los ayuntamientos o mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género. En materia de educación, plantean 52 enmiendas para acometer obras en centros y ampliar la oferta de actividades extraescolares.

Articulado

Finalmente, las principales enmiendas al articulado de los presupuestos se centran en mejorar la eficacia y austeridad de la gestión del gasto de la Junta con medidas como la supresión del 20 por ciento de los altos cargos de la administración o con la elaboración de un proyecto de Ley de reestructuración del sector público. También persiguen ampliar la transparencia en el reparto de fondos a las corporaciones locales, así como en la contratación. Además, ponen el acento también en la ejecución de las empresas públicas.

Para ello, plantean que éstas tengan que solicitar a la Junta autorización para aumentar el importe total de las actuaciones contenidas en los presupuestos o que den cuenta cada tres meses de la ejecución programada de las actuaciones.