Castilla y León contará en breve con una Conferencia de Alcaldes y de presidentes de Diputación que, en un formato similar a la Conferencia de Presidentes estatal, podrá abordar asuntos de Comunidad y que puede tener la primera convocatoria inaugural antes de que finalice esta legislatura. Además, la Junta regulará la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar decretos normativos y la consulta telemática a propuesto de un colectivo determinado.
Así se contempla en los anteproyectos de ley de creación de la Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación y del Estatuto del Concejal y de Diálogo Civil y Democracia Participativa, que prevé aprobar el Consejo de Gobierno este jueves y el siguiente y que este lunes fueron explicados, antes de que inicien la tramitación, por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la reunión de la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
La Conferencia de Alcaldes y de presidentes de Diputación es un compromiso de investidura que se amplió con la aprobación de una proposición no de ley en las Cortes, que contó con el voto a favor de PP, PSOE -autor de la iniciativa-, Ciudadanos y UPL y la abstención de Podemos e IU.
Este nuevo órgano, con un formato similar a la Conferencia estatal de Presidentes, estará presidida por el presidente de la Junta y la vicepresidencia recaerá en el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, según explicó De Santiago-Juárez, que, al tratarse de una "ley sencilla" y contar con el respaldo de la mayoría de los grupos de las Cortes, confió en su aprobación a lo largo del año y en que "dé tiempo" para su convocatoria antes de que finalice la legislatura.
Según el anteproyecto redactado por la Consejería de la Presidencia, la Conferencia se reunirá en pleno y en comisión permanente, será anual y también con el mismo carácter dará cuenta a las Cortes. El presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, valoró la "sensibilidad" de la Junta y consideró que supone un "avance en la participación".
En la PNL aprobada en las Cortes, se recoge la creación de una Conferencia, presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, que contemple la presencia de los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes, los presidentes de las diputaciones provinciales y una representación del resto de municipios de Castilla y León. También que se convoque con carácter ordinario al menos una vez al año y la comparecencia de la Junta en las Cortes para informar sobre el contenido de sus reuniones.
La segunda parte del anteproyecto se refiere al Estatuto del Concejal sobre el que existe un consenso entre la Consejería de la Presidencia y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. En el texto, según explicó el vicepresidente de la Junta, se refuerza el código ético y de conducta en el desempeño del cargo, la regulación de los plenos o un régimen de incompatibilidades, pero no incluye el sistema de retribuciones.
El acuerdo entre la Junta y la FRMP contempla la regulación del grupo mixto, el establecimiento de un régimen supletorio de la Junta de Portavoces, los miembros no adscritos, el buen gobierno local, el seguimiento de la declaración de bienes, derechos patrimoniales y participación en sociedades a través de una orden que sea común para todos los representantes de las entidades locales y cómo se abonan los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo.
Diálogo Civil
"Queremos dar un paso más en la participación, que no sea sólo al final del proceso, sino que se pueda opinar en el arranque" de la elaboración de un plan, programa o estrategia de la Junta, explicó De Santiago-Juárez como objetivo del anteproyecto de ley de Diálogo Civil y Participación Ciudadana.
De esa manera, detalló como novedades de esta norma que los ciudadanos puedan presentar un decreto ante la Junta, como ahora existe la Iniciativa Legislatura Popular que se presenta en las Cortes avalada por lago menos de 20.000 firmas. En este caso, afirmó que sería una Iniciativa Normativa Ciudadana que tendría que cumplir unos requisitos en su elaboración y presentación.
Otra de las novedades se refiere a la posibilidad de convocar una consulta, pero el vicepresidente aclaró, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que no serán refrendos, es decir abiertas a todos los ciudadanos, sino que podrá afectar a un colectivo determinado que formará parte de los órganos de participación. "Se aleja la consulta de un referéndum, será para casos no refrendados", precisó.
Así, una vez aprobada la ley, se podrán celebrar consultar para determinados asuntos, con más matices que el "sí o no" de un referéndum, que será telemática y "más enriquecedora", valoró el vicepresidente, pero siempre suscrita a un determinado colectivo. De Santiago-Juárez también confió en que este texto se apruebe en las Cortes antes de marzo de 2019, que será cuando se disuelva la Cámara por la convocatoria de las próximas elecciones.