El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, aseguró este lunes que no es "fácil” compatibilizar la “voluntad” de mantener la asistencia “a todas las personas” que viven en la Comunidad y cumplir lo recogido en el Real Decreto que excluyó en 2012 de la prestación sanitaria a las personas en situación irregular. Insistió en que una comunidad “seria” no puede plantear la “insumisión” de la norma y explicó que entre un 15 y un 20 por ciento de los 14.994 ‘sin papeles’ que perdieron la tarjeta sanitaria han utilizado los servicios del sistema público de Castilla y León.
Sáez Aguado compareció ante la Comisión del ramo de las Cortes a petición del Grupo Socialista para informar sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes ‘sin papeles’ en la Comunidad. Gran parte de la oposición, en concreto, los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e Izquierda Unida reclamaron la derogación de la norma que promovió la exministra Ana Mato ya que denunciaron que acabó con el derecho universal a la asistencia sanitaria, mientras Ciudadanos insistió en los riesgo para la salud pública que entraña esta situación y apostó, como el consejero, por armonizar los criterios de acceso a la sanidad pública.
El titular de Sanidad reiteró el compromiso del Gobierno de Castilla y León de “seguir garantizando” la asistencia sanitaria a todas las personas que vivan en la Comunidad y expresó su apoyo a la iniciativa del ministro Alfonso Alonso de homogeneizar la asistencia que prestan las diferentes autonomías. Por ello, apostó por establecer “criterios comunes” para mantener la “equidad”, si bien desveló que su departamento ha realizado aportaciones al borrador del Ministerio en materia de salud pública y de prestación farmacéutica.
El consejero proclamó que “no ha habido problemas”, salvo “alguno en el procedimiento” a seguir por parte de los profesionales, una situación “idílica” para los portavoces del PSOE y Ciudadanos, Mercedes Martín y Manuel Mitadiel. Sáez Aguado recalcó que se ha dado una “respuesta” que calificó de “razonable”, al mismo tiempo que se ha cumplido el Real Decreto promulgado, lo que para la portavoz de Podemos, Isabel Muñoz, significa “poner una vela a Dios y otra al diablo”. “Una cosa o la otra no está haciendo bien”, apostilló.
En ese sentido, el titular de Sanidad recalcó que se ha garantizado el acceso a la Atención Primaria, a los servicios de Urgencias, a la prestación farmacéutica, a las pruebas diagnósticas e incluso a los especialistas. Recordó que se mantuvieron a estos pacientes en las historias clínicas y se le asignaron médico y enfermera, a pesar de no tener tarjeta sanitaria. El consejero detalló que 14.994 personas en situación irregular se vieron afectados hace tres años por la reforma, aunque señaló que es difícil conocer su “evolución”, si bien precisó que 1.281 han acudido a consultas de centros de salud y 333 a los servicios de urgencias.
Cifras
Sáez Aguado precisó que aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento –entre 2.249 y 2.998- han utilizado los servicios sanitarios, especialmente, de Primaria, con una frecuentación menor al de la población residente en Castilla y León. También informó de que se suscribieron 85 convenios para asegurar la cobertura sanitaria, de los que están activos actualmente 59. Al respecto, la parlamentaria socialista expuso que muchos inmigrantes no han acudido a los centros de salud por el “miedo”, la “falta de información” y la “inseguridad” que se creó.
También recordó la emisión de facturas “disuasorias” y recalcó que su exclusión del sistema no ha sido una medida “eficaz” en términos económicos, una tesis que apoyó la procuradora de Podemos. “Negar la atención Primaria es una locura por una cuestión práctica”, dijo y agregó: “Se abren las puertas de urgencias”. También aseguró que se debe controlar a estos grupos porque proceden de países donde tiene una mayor prevalencia el Sida o la tuberculosis.
Derogación y parches
Mercedes Martín puso de manifiesto que ya solo el PP defiende la reforma sanitaria, que señaló el consejero reconoce que modificó el criterio para reconocer la condición de asegurado, lo que supone a su juicio “llevarse por delante” el principio básico de la universalidad. La socialista rechazó los “parches” y “experimentos”, como calificó las propuestas del ministro Alonso. Además, pidió al consejero que se comprometa a promover la derogación del Real Decreto, como a su juicio piden la “mayoría” de las comunidades.
También, Isabel Muñoz de Podemos denunció la “esquizofrenia” del PP por “decir una cosa y hacer otra” y tachó de “miseria moral” retirar la asistencia a los ‘sin papeles’. Además, reclamó que se derogue la norma estatal y advirtió de que se puede romper la “equidad territorial” al existir distintos criterios de atención y acceso al servicio de salud. Por ello, Mitadiel (C’s) pidió “criterios comunes” entre las autonomías para acabar también con una situación “confusa” entre los médicos, aunque recordó que se debe reflexionar sobre la cobertura que ofrece España, respecto a otras “sociedades más ricas”.
Tanto el PSOE, como Ciudadanos y Podemos, advirtieron de los riesgos que entraña para la salud pública la exclusión del servicio sanitaria, algo que reconoció el consejero, si bien señaló que se ha atendido a todas las personas, incluidos los casos reconocidos en la regulación estatal. Por su parte, José Sarrión puso sobre la mesa la situación de personas con VIH, como mujeres que se dedican a la prostitución. También Mercedes Martín dudó del seguimiento prestado a enfermos de cáncer o de nefropatías graves.
El procurador de IU-Equo denunció la situación en el acceso a la historia clínica, a los especialistas, pruebas u operaciones quirúrgicas, que conllevan “compromiso de pago, así como en la prestación farmacéutica.
Por el contrario, el procurador del PP, Alejandro Vázquez, se detuvo en las razones que motivaron los cambios legislativos, ya que señaló se hacía un uso “abusivo e indiscriminado” de los servicios sanitarios públicos. El consejero recordó que países como Marruecos, Alemania o Rumanía pasaban una factura superior a la que España les cobraba por atender a sus ciudadanos. Sáez Aguado reconoció que algunas personas no tenían recursos, pero recalcó que sus países tenían la obligación de costearles la cobertura sanitaria.