La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunció este lunes la creación de un “banco de buenas prácticas” en el que poder volcar la experiencia de la Junta en materia de discapacidad y como comunidad “pionera” en los modelos de reserva de contratos para centros especiales de empleo, así como en el modelo de reserva de cláusulas sociales en los contratos que la administración de la Comunidad contempla.
Así lo manifestó Alicia García en Madrid tras asistir por primera vez a la reunión del Real Patronato sobre discapacidad que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, y que estuvo presidido por la reina Letizia.
García informó de que será un instrumento que oriente y asesore en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.
Para la puesta en marcha de este banco de buenas prácticas está previsto dinamizar el grupo de trabajo formado por representantes de contratación de todas las consejerías, mediante jornadas de intercambio de experiencias, y jornadas divulgativas con ponentes de otras administraciones y expertos en derecho administrativo que introduzcan en experiencias de otras administraciones diferentes de las de Castilla y León.
Además, se explorarán las iniciativas de las entidades locales, en concreto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, para poner en común en un espacio digital que sirva para compartir y difundir estas buenas prácticas. “Se trata de dar cabida a las personas con discapacidad e ir más allá en la inclusión social y la inclusión en el empleo”, dijo.
García, que consideró un “honor” poder participar en este encuentro, destacó la labor que Castilla y León viene desarrollando en materia de discapacidad sobre todo en lo que tiene que ver en el acceso al empleo, respondiendo así a una de las principales demandas del Cermi, según apuntó.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades recordó que el compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar anualmente el 6,5 por ciento del importe total de los contratos de la Administración Autonómica para los centros especiales de empleo que contratan a personas con difícil empleabilidad, con un catálogo de actividades como limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, el porcentaje de contratos realizados por la Junta con los centros especiales de empleo ha alcanzado ya el 4,9 por ciento, con un importe total de casi dos millones de euros.
Según informó la Junta, si se consideran los contratos adjudicados mediante reserva desde la entrada en vigor del acuerdo (septiembre de 2012) con ejecución en 2015, la cantidad asciende a 5,6 millones de euros, lo que supone haber cumplido ya en los cuatro primeros meses del año el 56,03 por ciento del objetivo de referencia previsto para 2015. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 194 centros especiales de empleo, repartidos en 232 centros de trabajo. Estas acciones han posibilitado que, entre julio de 2014 y julio de 2015, se haya producido un incremento del 7,31 por ciento en el número de trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo. “Lo que significa que ahora hay más de 4.300 personas trabajando”, se felicitó la consejera.
Cláusulas sociales
Además de las reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo, el acuerdo trata de impulsar en las empresas una visión más social y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales. Entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social, o en grave riesgo de estarlo, desempleados de larga duración, o que presenten importantes dificultades de empleabilidad. También valora que la plantilla cuente por personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.
Así, 1.251 contratos, el 40 por ciento de los adjudicados en el primer cuatrimestre de 2015, han incorporado cláusulas sociales. Estos contratos suponen un importe de adjudicación de 138.455.181 euros, es decir, el 77 por ciento del importe total de los contratos adjudicados en este período tanto con cláusulas sociales como sin ellas.
Cabe destacar la notable implicación de las consejerías en la incorporación de cláusulas sociales, dado que prácticamente cuatro de cada diez contratos adjudicados incorporan cláusulas sociales, y éstas se concentran en los contratos de mayor cuantía, ya que casi el 80 por ciento del importe de la contratación lleva cláusulas sociales