La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) confió este viernes en mejorar el respaldo de las elecciones de 2012, cuando obtuvo un 25,9 por ciento, en la próxima consulta del 11 de febrero para el procedimiento de evaluación de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Para ello, su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, de esgrimió que se trata de la ''única'' opa con carácter ''independiente'', no ligada a ninguna formación política, y que ''conoce los problemas del sector porque sus dirigentes son agricultores y ganaderos, echan gasóil, recogen patatas y remolacha''.
''Nos presentamos con mucha ilusión y para medir la representatividad, muy necesaria para las nuevas formas de negociación'', resaltó González Palacín, quien se refirió principalmente al Consejo Regional Agrario, además de otros órganos asesores a nivel autonómico y provincial. ''Nuestra principal seña de identidad son los 40 años de historia, siempre independientes políticamente, que no ha sido nada fácil, porque hemos recibido zarpazos de partidos para llevarnos a su redil'', expuso, para añadir que ''sin ceder a la influencia de los políticos se ven más nítidos los problemas del sector''.
La aspiración de UCCL es mantener la tendencia de crecimiento de los anteriores resultados, teniendo en cuenta las diferencias entre las antiguas elecciones a cámaras agrarias y las próximas del 11 de febrero. La organización logró en 2012 una cuarta parte de los resultados (21,1 por ciento en 2007), frente al 39,4 por ciento de Asaja y el 32,8 de la Alianza UPA-COAG. ''Esperamos seguir en esta tendencia positiva, pero no soy Rappel'', ironizó González-Palacín, quien presumió de que ha sido su organización la que en los últimos cinco años ''ha liderado las movilizaciones, siempre buscando la unidad de acción'', como ocurrió, dijo, en 2017 con las medidas de la Junta para hacer frente a la sequía.
Un total de 38.636 agricultores y ganaderos podrá votar en las elecciones al campo para elegir a sus representantes de las opas más representativas de Castilla y León para los próximos cinco años. El censo es inferior en 4.178 personas al de las últimas elecciones a cámaras agrarias, porque en ese momento la votación estuvo abierta a titulares de explotaciones, familiares y asalariados vinculados al sector. En esta ocasión, conforme a la ley Agraria, los profesionales con derecho a voto tienen que ser titulares de explotaciones, estar dados de alta en la Seguridad Social e inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias (Reacyl). Una cuestión que disgusta a todas las organizaciones, pues una explotación con dos o tres socios que no esté escrito en el Reacyl sólo contará como un voto.
Disgusto con el voto anticipado
La opa criticó la ''novedad'' del voto anticipado al arrancar tan pronto, el 22 de enero, y sospechó un posible ''fraude''. Al respecto, deseó unos comicios ''limpios y honestos'', pero adelantó que estará vigilante en las delegaciones territoriales de la Junta, a las que se puede acudir a depositar el voto entre las 9 y 14 horas. ''Entendemos que es necesario para los que no están el 11 de febrero, pero con dos o tres días valía. No nos gusta, pero es para todos igual'', expresó el coordinador de la organización en Valladolid, Nacho Arias, quien calificó estas elecciones de ''experimento con los agricultores''.
El coordinador de La Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, subrayó también la importancia que estas elecciones tienen para la representatividad provincial, tanto en las seis que aún tienen vivas su cámaras agrarias como en el resto. En el caso de Burgos o Valladolid, que preside UCCL, los trabajadores de las mismas son pagados por la propia organización, mientras que el resto la Junta ''las ha vaciado hasta convertirlas en esperpentos sin sentido''.
Además del Consejo Regional Agraria, en el que actualmente Asaja cuenta con tres representantes, UPA-COAG con dos y UCCL con uno, las elecciones medirán también la presencia en otros órganos como los consejos provinciales agrarios, el Consejo del PDR, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social (CES), e incluso la Mesa de la Sanidad en la provincia de Ávila, entre otros.