SALAMANCA

Mañueco y García no logran impedir la salida de más documentos del Archivo de Salamanca

  • El Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica decreta nuevas salidas de legajos hacia Cataluña.
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ICAL - jueves, 14 de julio de 2011

El Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica decretó este jueves que se produzcan nuevas salidas de legajos destinados a la Generalidad de Cataluña con el voto contrario tanto del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, como de la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alicia García.

A juicio del consistorio charro, la nueva transferencia de fondos "continúa el irreversible desmantelamiento del centro", como denunció esta tarde en el Patronato el alcalde de Salamanca, quien, lamentó que sólo se está cumpliendo la Ley para la salida de documentos pero, en cambio, el Gobierno socialista no la respeta para la construcción del nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica que, por ley, debería haber entrado en funcionamiento hace casi cinco años, el 17 de noviembre de 2006.

Fernández Mañueco preguntó durante la celebración del Pleno del Patronato qué plazo de ejecución hay para las obras en el antiguo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, todavía sin iniciarse en la salmantina plaza de los Bandos, y si el Gobierno del Partido Socialista ya conoce cuándo comenzará la construcción del edificio de nueva planta en el barrio de Los Alcaldes, donde el Ayuntamiento cedió en 2009 un solar valorado en 3,5 millones de euros y propiedad de la ciudad de Salamanca.

El Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca reitera el "dislate" que supone desmembrar un Archivo Nacional con el único objetivo, por parte del Partido Socialista, de atender las demandas nacionalistas de sus socios de Gobierno. Asimismo alerta que, en esta segunda fase de salida de documentos, se está contraviniendo hasta el criterio de la Comisión de Expertos, creada ad hoc por el Gobierno socialista, porque "no sólo el Archivo está perdiendo fondos con destino a la Generalidad, sino también a particulares, por lo que no se garantiza su conservación y supone la pérdida de control público sobre bienes del patrimonio histórico español".

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