La sala cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia contra el Reino de España al entender que incumplió las obligaciones de la Directiva 93/37, sobre contratos públicos, en la adjudicación a Iberpistas de la ampliación de la autopista A-6, hecho denunciado ante la Comisión Europea en 2000 por Centaurea y Comisiones Obreras de Ávila.
Se trata de un asunto que marcará el futuro de las adjudicaciones públicas en la UE, puesto que es el primer caso en el que se cuestiona la concesión de una autopista, indudablemente y con especial repercusión en España.
Fuentes de Comisiones Obrerasue señalan que la sentencia afirma que "las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata".
El máximo tribunal en materia de derecho comunitario afirma la improcedencia de la adjudicación, lo que cuestiona en su integridad la concesión a Iberpistas, ya que el contrato está formado por un todo que se desequilibra al declararse la ilicitud del procedimiento.
Centaurea y CCOO sostuvieron desde un principio que la adjudicación obedecía a un acuerdo para prorrogar la gestión de los accesos a Madrid -desde todo el noroeste- en beneficio de Iberpistas, y que los ramales de Ávila y Segovia eran la coartada para conseguir la prórroga de la concesión del túnel de Guadarrama, verdadero objetivo de la operación.
La sentencia precisa que el contrato adjudicado "no es respetuoso con la Directiva 93/37 adjudicar sin transparencia alguna un contrato de concesión de obras públicas que incluye trabajos denominados complementarios que por sí solos constituyen "contratos públicos de obras en el sentido de esa Directiva".
La sentencia condenatoria puede facilitar la revisión de la concesión e inclusive que el Gobierno recupere la gestión sobre los nuevos tramos construidos. Para Centaurea y CCOO, es el momento de establecer las condiciones para que la gestión de la A-6 redunde en beneficio de todos.
"El Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para que la anulación de la concesión posibilite la mejora de las comunicaciones y la eliminación de unos peajes que lastrarían la comunicación en exclusivo beneficio de Iberpistas", indicaron.
Ante esta situación, las organizaciones denunciantes piden responsabilidades al anterior Gobierno del PP, en especial a los parlamentarios Jesús Merino y Ángel Acebes, quienes "vendieron el proyecto como una conquista para Segovia y Ávila, por lo que les exigen que "asuman el gravísimo error cometido y el perjuicio infringido a estas provincias, con un lastre de peajes que se ha visto incrementado notablemente precisamente por las obras adicionales finalmente introducidas en la adjudicación".