El expresidente de Caja Ávila, Agustín González, ejerció hoy su derecho a no prestar declaración en la sesión de la comisión de investigación de las cajas de ahorro. Sin embargo, y pese a su negativa a dar respuesta a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, recordó que los tres años que estuvo al frente de Caja de Ávila, desde finales de 2007 a 2010 fueron años "muy convulsos" en los que hubo que adoptar decisiones "bastante trascendentales" que defendió que se tomaron "desde el rigor" en una realidad económica "irreversible".

González explicó que el tiempo que presidió Caja de Ávia estuvo marcado por una realidad económica en la que las previsiones de futuro "no se veía que pudieran despejar", lo que llevó a tomar una serie de decisiones que garantizó que se hicieron "desde el rigor" y en todo momento "guiados por los reguladores", que eran quienes marcaban las pautas "desde una realidad irreversible".

"Todo se hizo desde la responsabilidad para salvar lo que se creía necesario" y, en el caso de que las circunstancias no daban un giro, intentar aportar "una especie de continuidad segura a lo que se tenía entre manos". El resultado fueron tres años "de mucho esfuerzo, mucho trabajo, estudio y también muchas responsabilidades de cada uno", declaró ante los integrantes de la comisión de investigación. Tras estas palabras de presentación, González aclaró su intención de hacer uso de su derecho a no contestar a las preguntas "con todo el respeto".

La mayoría de los grupos políticos lamentaron que González tomara esta decisión de guardar silencio, lo que consideraron que era la pérdida de una oportunidad para aclarar aspectos "oscuros" sobre una entidad como Caja de Ávila y de su trayectoria al frente de la gestión de la entidad financiera durante tres años.

El portavoz del Grupo Mixto en esta comisión, José Sarrión, aclaró que no solo se intenta hablar de aspectos judiciales, sino de "encontrar las responsabilidades políticas y económicas" sobre los diferentes elementos relacionados con las cajas de ahorro en Castilla y León. Por ello, consideró que existen "muchos aspectos que tratar" más allá del ámbito judicial. Sarrión además expresó sus "dudas" por la acumulación de cargos que llegó a tener el que fuera presidente de Caja de Ávila, algo que dijo sorprenderle por el hecho de que se pueda "acaparar tanto poder".

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Manuel Mitadiel, se preguntó los aspectos que González no quería que se conocieran, y le garantizó que el silencio no será un elemento que contribuya a mejorar la opinión que tienen los impositores. "Los impositores ya han establecido sus conclusiones con entidades dirigida spor gente que pensó más en sí mismos, y su negativa a declarar refuerza estas posiciones", declaró Mitadiel.

Desde la formación naranja se estimó que en algunas de las preguntas que se tenía previsto formular habría "inexactitudes" que confió en que se hubieran podido "puntualizar y rebatir", por lo que lamentó que González esstimara que la mejor defensa para su posición era guardar silencio. "El juicio de los impositores y de los ciudadanos ya está hecho, y más si se niega a dar respuesta a esas inquietudes", recalcó.

En la misma línea se expresó el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Pablo Fernández, quien estimó que el derecho a no declarar hace "un flaco favor" tanto a él mismo, porque podría haber aclarado los aspectos "más oscuros" de su trayectoria en Caja de Ávila, como a las personas que desempeñan un cargo público en la Comunidad. "Usted que ha desempeñado cargo en ese ámbito que hoy está manchando y despreciando, porque lo entiende más como servirse a sí mismo que a los demás". Por ello, Fernández lamentó que haya "mancillado y manchado" el nombre de la política y de aquellas personas que la ejercen.

El Grupo Parlamentario Socialista, en la persona de José Ignacio Martín Benito, hizo alusión a la película 'Una verdad incómoda' y lamentó que la llamada para declarar en la comisión de investigación le haya incomodado al que fuera presidente de Caja de Ávila porque "nada más lejos de esta comisión" que persigue "averiguar qué sucedió con las cajas de ahorro de la Comunidad, por qué desaparecieron y qué ocurrió con algunos productos emitidos por estas entidades, como las preferentes o la deuda subordinada". Por ello, Martín Benito aclaró que la intención es "que todos los comparecientes se sientan cómodos en esta comisión" para intentar dar "cierta claridad a lo ocurrido" en lo que era "un activo" en la Comunidad.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Podemos, María Isabel Blanco lamentó que la mayor pérdida de las cajas de ahorro en toda España fue su Obra Social y lamentó no haber podido tener la ocasión de preguntar cómo afectó esto a la provicia de Ávila, conocer el riesgo inmobiliario de la entidad o por qué no salió adelante la fusión que se propuso a todas las cajas de Castilla y León.

En el aire también se quedaron las preguntas previstas por el resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, como la situación de la entidad en el momento de la integración, las retribuciones y presuntas prebendas que percibían los miembros que formaban parte de Caja de Ávila, la forma en la que era posible compaginar múltiples cargos y ejercerlos todos con eficacia, el uso de las comisiones de control o detalles sobre la emisión de preferentes y otros productos.