El Gobierno de Berlusconi ha tenido que endurecer su plan de recortes inicial, que este jueves se vota en el Senado y el viernes lo hará en el Congreso.

Entre las medidas que se contemplan está la privatización de empresas públicas y el copago sanitario, por lo que los italianos tendrán que abonar la factura cuando acudan al médico. Diez euros si necesitan un especialista, y 15 en el caso de las urgencias. Es la medida más polémica de todas, aunque impopular es también el retraso, unos meses, en la edad de jubilación. A todo ello hay que añadir además, la congelación de las pensiones más altas.

Pero los recortes no sólo recaen en los ciudadanos. La administración también se lleva su parte, y así, instituciones regionales y ayuntamientos tendrán que contribuir en el ahorro. Se privatizarán empresas públicas, aunque no se hará de forma inmediata para evitar que los efectos de la crisis devalúen en exceso su valor.

Con este nuevo plan de recortes, el Gobierno italiano pretende ahorrar 65.000 millones de euros, y no 47.000, como había previsto en un principio.

El objetivo es lograr en 2014 el equilibrio de las cuentas públicas, una meta ambiciosa que avala, por ejemplo, la agencia calificación Fitch, que cree que Italia podrá alcanzar el déficit cero para esa fecha.

Todo ello viene a calmar a los bancos italianos, y al presidente del Banco Central Italiano, que pronto lo será del europeo. Sólo el tiempo dirá si el recorte es lo suficientemente amplio como para lograr evitar que Italia sea el siguiente en caer.