Una veintena de activistas de Greenpeace han accedido a las 7.00 horas a la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para reclamar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al Gobierno que no se renueve el permiso de explotación de la central, que vence el próximo 19 de marzo, y se proceda a su cierre definitivo.
Según ha informado a Europa Press el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, seis escaladores se han encaramado a la torre de refrigeración de la central nuclear, de 125 metros de altura, con la intención de realizar una pintada con el mensaje 'Peligro nuclear'.
Además, otro grupo de activistas ha desplegado una pancarta con el lema 'Cofrentes: cierre ya'. "Tras esta acción de protesta pacífica ha quedado demostrada la falta de seguridad de Cofrentes, por lo que Greenpeace pide el cierre de la central", ha apostillado.
Asimismo, Bravo ha advertido de que "las centrales nucleares son instalaciones de alto riesgo, no solo por basarse en una tecnología peligrosa, sino también por ser, como reconocen abiertamente las agencias de inteligencia de todo el mundo, objetivo potencial de ataques terroristas".
Por ello, mediante un comunicado, Greenpeace demanda al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que "apueste por un modelo energético verdaderamente seguro" y le pide que "cumpla el compromiso de su partido de poner en marcha un plan de cierre de las centrales nucleares, así como de potenciar las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética".
Por último, Greenpeace incide en que la central nuclear de Cofrentes es una instalación "peligrosa" que "cuenta con un interminable listado de fallos y de problemas de seguridad sin resolver, lo que evidencia el agotamiento de su vida útil".
Entre las deficiencias identificadas, Greenpeace destaca las relacionadas con los sistemas de lucha contra incendios, el acceso a la Sala de Control, el aumento de las dosis recibidas por los trabajadores en el mantenimiento, el desafío a los márgenes de seguridad en los sistemas de refrigeración de emergencia o la tardanza en los análisis de sucesos.
"No tiene sentido asumir ese riesgo, que podría tener un altísimo coste para la salud, el medio ambiente y la economía, cuando la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basado al 100% en tecnologías renovables es un hecho ya comprobado", ha concluido Bravo.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene de plazo límite hasta el 23 de febrero para hacer una propuesta al Ministerio de Industria, que tendrá un mes para tomar una decisión, según han informado a Europa Press fuentes del CSN.