La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, celebró hoy en Valladolid la decisión acordada en la última reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas (Bélgica) para que la Comisión Europea apruebe una norma, con carácter reglamentario y de aplicación para todos los países de la Unión Europea (UE), para garantizar los equilibrios en la cadena alimentaria. El objetivo, y en la línea de lo que ya existe en España, es impedir las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria y que haya un equilibrio en los precios desde un producto sale del campo o una pequeña industria hasta que llega a los lineales de la gran distribución.
Marcos, que inauguró en la jornada de promoción del Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria, recordó que es ''muy complicado'' perseguir un equilibrio en la cadena alimentaria con leyes e iniciativas a nivel autonómico y nacional si no existe una norma europea. ''Competimos con agricultores, industrias y cadenas de comercialización de otros países'', dijo.
De ahí que calificara de ''buena noticia'' que el modelo adoptado por el Ministerio y la Consejería de Agricultura, que ha sido una ''punta de lanza'', vaya tener un ''refrendo'' para que el control de la cadena alimentaria sea obligatorio y exigido a nivel europeo y de aplicación en todos los países de la UE. De esta manera, se evitarán las prácticas abusivas de los eslabones fuertes frente a los débiles que son los agricultores y los ganaderos.
La consejera explicó, que la Comisión Europea realizará a lo largo de 2018 una evaluación de la situación de los tres operadores de la cadena de valor (productor, transformador y comercializador). Así, en mayo se podrá iniciar la tramitación de la nueva norma para regular el equilibrio en la cadena de valor.
Además, precisó que España ha sido ''pionera'' en la aprobación de una Ley de la Cadena Alimentaria y un Código de Buenas Prácticas para buscar el equilibrio entre los diferentes agentes. Pero también mencionó las iniciativas llevadas a cabo por la Junta con la puesta en marcha de las plataformas, el observatorio de precios, el defensor de la cadena alimentaria y la futura junta de arbitraje.
Código de Buenas Prácticas
El Ministerio de Agricultura y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) eligieron Castilla y León como la primera comunidad de España para difundir la adhesión Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria, que surge a raíz de la Ley de la Cadena Alimentaria. En la actualidad, hay 104 entidades adheridas en España, entre asociaciones, industrias, productores y distribuidores. Un número que se busca ampliar, de ahí la organización de este tipo de reuniones.
La consejera mostró su compromiso con el Código de Buenas Prácticas y tomó el ''testigo'' del Ministerio para fomentar una mayor adhesión de las empresas para lo que, precisó, cuenta con el apoyo de Vitartis (Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León). ''Es muy importante que las compañías adquieran ese compromiso'', opinó. De momento, hay pocas adheridas en la Comunidad aunque confió en que este tipo de jornadas sirva para dar a conocer la existencia de este tipo de herramientas.
El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, destacó que la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2015, supone un ''hito'' en la Unión Europa, además de ''un antes y un después'' en el marco de la regulación de las relaciones empresariales entre los operadores.
Recordó que la ley recoge, entre otros aspectos, el Código de Buenas Prácticas, que salió adelante tras una ''larga y complicada'' negociación entre los operadores. Se trata de un documento con 50 puntos que recogen los compromisos que asumen las entidades que se adhieran y marca nuevas relaciones con proveedores y clientes para que exista un marco más equitativo y justo.
Además, la consejera anunció que la Junta ya trabaja en un futuro decreto para la creación de la Junta de Arbitraje y Mediación en materia de contratos agrarios, que permitirá que este tipo de prácticas se extienda a todos los sectores. No en vano, recordó que las demandas que llegaron, en su momento, del sector lácteo se canalizaron a través de la mediación con la industria, que implicó que toda la leche de los ganaderos fuera recogida.
De momento, ya se cuenta con un primer borrador que será sometido a información pública de todos los agentes implicados. Marcos apostó por que la norma se apruebe con el máximo consenso posible, tanto de los grupos políticos como las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). Avanzó que permitirá la mediación extrajudicial cuando así se determine por las partes en el contrato y siempre que sea solicitado por los afectados.