Castilla y León ya cuenta con el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas de Terrorismo, que es el primero en el ámbito autonómico desde de la aprobación de la norma estatal en 2011. Un texto que contempla medidas de protección a las víctimas, su cónyuge e hijos como ayudas asistenciales en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda y que busca contribuir a la memoria de estas personas.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este proyecto de ley, que será remitido mañana a las Cortes para su debate y aprobación, busca que las víctimas del terrorismo "no se sientan olvidadas, así como participar en un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorrismo". El Ministerio del Interior tiene contabilizadas 392 víctimas en Castilla y León, de las que 44 están fallecidas por los atentados terroristas.
De Santiago-Juárez reconoció que este proyecto aparecía en el programa electoral del Partido Popular en Castilla y León y formaba parte del compromiso del discurso de investidura del presidente Juan Vicente Herrera hace año y medio. "Por lo tanto, hoy hablamos de un compromiso cumplido", apuntó, gracias a la participación de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León. De esta manera, precisó, la región se convierte en la octava comunidad que cuenta con una norma con rango de ley que reconoce y atiende a las víctimas de terrorismo, aunque se trata de la primera totalmente coordinada con la estatal.
El proyecto de ley extiende la condición de víctima del terrorismo no solo a la personas que ha sufrido la acción de manera directa sino a su cónyuge e hijos. Además, en el caso del reconocimiento, se amplía a padres, abuelos, nietos y hermanos.
Entre las ayudas asistenciales, destacan los tratamientos médicos, quirúrgicos y ortoprotésicos no cubiertos por el sistema público o privado de salud, siempre que se acredite su necesidad y vinculación con el atentado; las ayudas al estudio y la gratuidad del comedor escolar y en los programas de conciliación Madrugadores y Tardes en el Cole; la asistencia para facilitar la continuación de los estudios que estuvieran realizando en el momento de sufrir la acción terrorista o la preferencia en el acceso a centros residenciales para personas mayores.
Asimismo, también se les reconoce determinados beneficios fiscales y el acceso a las ayudas para gasto farmacéutico. En cuanto a los beneficios fiscales, estas personas contarán con una bonificación en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones
Siguiendo la normativa básica del Estado, se modifica la regulación en materia de función pública de Castilla y León para recoger la necesidad de adoptar medidas para favorecer su acceso a la función pública, que además las víctimas estarán exentas del pago de tasas en las convocatorias. "La Junta considera que esta atención está justificada porque estas víctimas sufrieron daños injustos que nunca debieron soportar y la sociedad no lo impidió", apuntó el vicepresidente de la Junta. Además, precisó que ese tipo de amenazas sigue de actualidad con el terrorismo yihadista.
El reconocimiento y la memoria de las víctimas es un punto esencial en el texto aprobado hoy, con el que se pretende que no se sientan olvidadas, así como participar en un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorismo. "Es lo que más nos demandan las víctimas", aseveró De Santiago-Juárez. En ese sentido, se regula la creación de dos medallas: a las víctimas del terrorismo de Castilla y León y a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad, sin un componente económico.
También se establecen actuaciones para ese reconocimiento, como impedir cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a terroristas. Se fijan, a su vez, como días de recuerdo a las víctimas el 11 de marzo, día europeo de las víctimas, y el 27 de junio, como día de recuerdo a las víctimas.
Para contribuir a la memoria de las víctimas, en este proyecto de ley también se regula la educación para la paz, indicando la norma que se incluirá en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España.
Esta previsión no supone la creación directa de una asignatura con ese contenido, sino que estos aspectos se incluirán en la forma en la que, en su caso, se establezca en los reales decretos estatales, sin perjuicio de que puedan elaborarse unidades didácticas para ponerlas a disposición de los centros educativos que quieran abordar esta cuestión. El documento señala, a su vez, que se apoyará al movimiento asociativo y fundacional dedicado a la atención de las víctimas.
Comisionado
El proyecto recoge la creación de un órgano unipersonal de atención a las víctimas, el Comisionado, que será uno de los altos cargos de la Consejería que tenga atribuidas estas competencias, de tal manera que no supondrá la creación de un nuevo alto cargo, ni de una nueva estructura administrativa. Las funciones del secretario general de la Consejería de Presidencia serán de interlocución, relación, ayuda y orientación a las víctimas y coordinará e impulsará las actuaciones de la Junta dirigidas a las víctimas.
En la web de la Junta de Castilla y León, como recoge la norma, se creará un apartado específico dedicado a la atención a las víctimas para contribuir a su información. También se hará a través del teléfono 012.