El Gobierno anunció el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, decisión que hizo pública una semana antes de que expirase el plazo de seis meses que se tomó para dirimir la solicitud hecha por las empresas propietarias en 2014 de continuar la explotación de la central por 17 años más, hasta 2031.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, compareció ante los medios de comunicación para explicar esta decisión de denegación de la renovación de la autorización motivada sobre todo por su "utilización política" y por su escaso aporte al sistema energético español, "nulo desde hace cinco años".
"La central de Garoña se cerrará porque se ha utilizado políticamente con posiciones adoptadas de antemano", justificó Nadal tras describir un contexto político de "incertidumbre" que llevó a los grupos parlamentarios a presentar proposiciones de ley que buscaban el cierre del parque nuclear español. Una proposición que fue "apoyada por todos los grupos a excepción del grupo parlamentario popular".
"Cualquier central nuclear necesita certidumbre para su operación, económica, pero sobre todo política y social", una certidumbre que pretendió buscar el Gobierno en los seis meses de plazo que se dio antes de tomar la decisión para generar un "debate sosegado" sobre su futuro. Debate que a juicio del ministro no se produjo, y que supuso por el contrario la utilización de Garoña como "un símbolo de discusión política" convirtiéndose en "un campo de batalla político y no en el interés de buscar cuál debe ser la política energética".
Nadal matizó que el caso de Garoña no es similar al del resto de centrales del parque nuclear del país. Garoña es la central más antigua del país, "pequeña" y un modelo "experimental" frente a las centrales de nueva generación que operan. En este sentido, citó el próximo hito que tendrá lugar con la consumación del plazo de la central de Almaraz, para la que, sin embargo, sí apoyaran su continuidad. "Somos favorables al mantenimiento de esta central" dijo, al igual que lo son para el mantenimiento del parque nuclear restante puesto que supone una "fuente de producción en base, sin emisión de CO2" y cuya supresión "supondría un 25 por ciento de subida del precio energía", argumentó.
En este sentido, también se refirió a las empresas propietarias que mostraron "desinterés en operar" en un caso y en otro en situación de "litigio continuo", utilizado Garoña "para presionar"
Entre las razones para denegar la renovación el ministro enumeró también las "inversiones muy significativas" y los trabajos para ponerla en funcionamiento de nuevo, que llevaría al menos dos años. "En la situación de incertidumbre política y ante la posibilidad de aprobarse normas contra la central en ese periodo hace inviable que hubiésemos tomado otro tipo de decisión".
Sin efecto
Además, el ministro explicó que la decisión del Gobierno de decretar el cierre de la central no tendrá ningún efecto sobre el sistema energético español ni sobre el precio de la luz puesto que se trata de una central pequeña, de poco más de 400 megavatios frente a la de Almaraz de más de 1.200, y que lleva desde diciembre de 2012 parada y, por tanto, sin aportar nada al sistema en los últimos cinco años.
Tampoco afecta por tanto a la seguridad del suministro ni a los compromisos medioambientales precisamente por el pequeño tamaño de la central.
Del mismo modo, Álvaro Nadal citó el plan social existente entre empresas y trabajadores, que contempla prejubilaciones y recolocaciones de los empleados, como uno más de los motivos que han justificado esta decisión ya que "los trabajadores eran uno de los elementos que más preocupaban al Gobierno".
También tranquilizó a los municipios de la comarca ya que anunció que seguirán cobrando las asignaciones de Enresa mientras dure el desmantelamiento, "especialmente en los momentos en los que continúe el combustible nuclear dentro de la central", por lo que el apoyo, que estimó en 2,5 millones de euros, se seguirá manteniendo.
Trabajo conjunto
Finalmente, el ministro avanzó que el Gobierno central y la Junta de Castilla y León trabajarán conjuntamente "para impulsar la viabilidad económica de la comarca", para lo que "pedimos la participación de las empresas" ya que "desde 2012 han hecho unas actuaciones que llevan a esta decisión final".
Según Nadal ya se ha tenido contacto con la Junta para estos trabajos cuyo periodo inicial puede durar entre 13 y 16 años, que es lo que va a llevar el desmantelamiento y tiempo en el que puede durar la viabilidad económica de la comarca, "pero no nos conformamos con eso por lo que estudiaremos qué tipo de acciones se pueden hacer para impulsar y garantizar el futuro económico de la comarca", concluyó.