El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el objetivo del ministerio es pasar de 17.621 aforados a 22 en España, lo cual precisa de una reforma constitucional y estatutaria, además de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su opinión, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes autonómicos, "y esto suma 22 personas", ha dicho.

Eso sí, ha lamentado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica", ha subrayado en una entrevista en 'El País'.

"Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado.

"El aforamiento no tiene por qué constituir un privilegio"

En este sentido, ha recalcado que se trata de una intención "de carácter político" porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.

A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria".

Eso sí, ha admitido que por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española sí que lo percibe así y eso exige "una respuesta por parte del legislador".

Por otra parte, Alberto Ruiz-Gallardón ha mostrado su desacuerdo con hacer caer la responsabilidad penal sobre un partido por financiación ilegal, ni apoya su exclusión en una elecciones, pues sostiene que es la persona la que ha de responder judicialmente.

Según sus planes, la responsabilidad penal recaerá en la persona responsable de las finanzas de la formación política y también en los directivos el partido si se hubiese realizado este acto con su conocimiento o consentimiento, pues "no hay que privar a los ciudadanos de ese cauce constitucional de participación política" que supone un partido político.