Los jueces tienen que aplicar lo que la ley establece. Pero las normas no entienden de matices y en determinados casos resulta más práctico acudir a un mediador profesional. En los juzgados de lo social de Burgos se pondrá en marcha esta opción antes de fin de año, en colaboración con los colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.
Se ofrecerá en casos en los que exista conflicto de intereses. Es confidencial y busca solventar de la mejor manera los conflictos sin generar nuevos problemas.
La Sala de lo Social de Burgos será la primera de un Tribunal Superior de Justicia en aplicar una fórmula por la que apuesta el Consejo General del Poder Judicial.