El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, afirmó que si el Gobierno de España, las autonomías, las compañías eléctricas y las empresas mineras se ponen de acuerdo en dar viabilidad a la producción autóctona del carbón dentro del nuevo marco europeo, el sector "tiene futuro" más allá de 2018. "No es que me aventure, es que tiene futuro", dijo en "Los Desayunos de ical", donde incidió, no obstante, en la necesidad de poner a todos esos interlocutores a trabajar sobre un proyecto claro a partir de la base de lo dispuesto en Bruselas. "La Junta estaría de acuerdo en entrar en esa negociación y ese enfoque", dijo, pero siempre que el Gobierno defina el mix energético, en el que se aclare "qué hueco va a tener el carbón".
En este sentido, advirtió de que mientras no se tome esa decisión global por parte del Gobierno de España, no se sabrá qué producción de carbón se podrá mantener, ni se podrá definir un calendario de inversiones en las empresas, ni establecer un acuerdo con las eléctricas ni fijar los compromisos de las administraciones.
Al respecto, criticó la política de Rodríguez Zapatero hasta el momento, porque "ha querido gobernar al estilo mexicano, con un solo partido en este país", aunque se mostró esperanzado en que cambie su postura, y empiece a pactar con el PP, tras reconocer el pasado fin de semana que España va a sufrir años de dura crisis, lo que ya representa, a su juicio, un cambio cualitativo, en su postura.
Villanueva insistió en que, con los acuerdos de Bruselas, se cerrarían todas las empresas en 2018, pero si se alcanza un consenso y se define de forma clara el futuro del sector, "creo que hay empresas que son rentables". Villanueva recordó que en ese año, aquellas empresas mineras que se acojan a las ayudas de la UE, "que van a ser todas", tendrán que cerrar, aunque aclaró que en estos momentos hay un grupo de trabajo analizando si son viables en el futuro sin estos apoyos, ya que tienen buenas previsiones sobre la evolución de los precios del carbón internacional frente al autóctono. "Primero hay que saber si pueden vivir sin ayudas y luego se vería si se tienen que devolver y cómo", aclaró.
Asimismo, recalcó que todo carbón que se quema emite CO2 y en Compostilla se invierte en una planta de sulfuración para reducir emisiones, en un proyecto empresarial, que en apariencia "no tiene sentido, con las decisiones tomadas". "Conviene saber si puede haber un acuerdo entre las eléctricas, que son las que compran el carbón, las compañías privadas o públicas de producción de carbón, y las administraciones públicas para hacer posible en España un sector minero viable", dijo, .
Villanueva criticó la ausencia de defensa del sector por parte del Gobierno en el seno de la UE, y reiteró que "ya no queda más remedio" y los grupos se deberán acoger a las ayudas al cierre, porque sino serán inviables. Sin embargo, resaltó que han mantenido reuniones internas con las empresas mineras y "se está haciendo el trabajo de ver sin ayudas públicas rentabilidades de este tipo de grupos para ver más allá de 2018 qué producción seríamos capaces de obtener en Castilla y León".
"Creo que hay posibilidades", dijo, para lamentar la "dinámica" que ha creado la prórroga de las ayudas, porque "no permite fijar un escenario claro, porque al final se van a tener que acoger todas de forma inmediata, y no sabiendo si van a cerrar o no, o si van a tener que devolver las ayudas. Va a ser muy complicado porque han dejado un marco muy difícil", sentenció.
Canon
Por último, Villanueva se refirió al canon a las eléctricas que estudia un grupo de trabajo conformado por representantes del Ejecutivo autonómico, y las Cortes regional, que lo aborda "en la más absoluta normalidad", dijo. Villanueva comentó que no hay ninguna previsión de fecha para cerrar el canon y aseguró que la celebración de elecciones el año que viene, no les lleva "ni a adelantarlo, ni a retrasarlo", ya que "si en dos sesiones se define, se tomará una decisión", al respecto.
Lo que sí quiso dejar claro, el vicepresidente económico, es que "el Gobierno regional no se siente presionado" por las eléctricas, ni éstas se deben sentir presionadas por la Junta, pero "en unas relaciones normales, antes de impugnar ante los juzgados las cosas (decreto del carbón), se debería de explicar". "Uno no comprende cómo se pueden tomar decisiones trascendentales para le economía y personas de esta tierra por parte de compañías que tienen aquí su origen y que han tenido excelentes resultados con su actividad".