El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó este jueves que su intención es tener licitados y adjudicados antes de que concluya 2019 todos los proyectos del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), iniciativa que contempla una inversión del entorno de 5.000 millones de euros, para que estén concluidos en el plazo de cuatro años.
Así lo reveló De la Serna durante una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, donde destacó que "existe una expectación tremenda" por parte de los fondos de inversión y las entidades financieras ante la situación actual de bajos tipos de interés.
"Hay una enorme liquidez en el mercado en estos momentos y los fondos están llamando a la puerta", manifestó el titular de Fomento, quien agregó que "indudablemente es el momento de hacerlo".
El PIC fue presentado el pasado 14 de julio por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se trata de un nuevo mecanismo de financiación de infraestructuras viarias que permitirá actuar sobre más de 2.000 kilómetros y en 20 grandes corredores.
Este plan, que está centrado en la colaboración con el sector privado y marcado por el compromiso de España de reducir el déficit público, multiplicará por seis la capacidad de gasto que permite el presupuesto de un año.
El objetivo de este plan es completar los tramos de la Red Transeuropea de Transporte pendientes; resolver los cuellos de botella existentes en la red actual de carreteras; mejorar y adaptar las principales autovías existentes a las exigencias de la nueva normativa en materia de siniestralidad, ruido y emisiones de CO2, y asegurar la conservación de todos los proyectos que se realicen.
Según De la Serna, "no existe un número elevadísimo de proyectos que puedan formar parte del plan", ya que "tienen que tener carácter prioritario, un grado de madurez suficiente que permita a corto plazo la aprobación de los estudios de viabilidad, ser viables económica y financieramente y que sean financiables por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)".
Además, indicó que se debe tratar de proyectos de un mínimo de 100 millones de euros, ya que la inversión incluye el mantenimiento, y de un máximo que situó entre 400 y 500 millones.
Asimismo, señaló que el 40% de la financiación de los proyectos será aportada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a través del BEI, otro 40% por entidades financieras y el 20% restante por el concesionario.
Sobre la forma en que el Gobierno abonará estos proyectos, defendió que la fórmula de pago por disponibilidad "es la única que es viable". Esto supone que las empresas adjudicatarias que hacen la obra se encargan de su mantenimiento y están obligadas a mantener el mismo nivel de calidad y seguridad que en el momento de puesta en servicio.
Por su parte, el Ejecutivo debe abonar un canon mensual durante 30 años, canon que puede reducirse si las empresas no cumplen los requisitos comprometidos. Además, los pliegos contemplan penalizaciones objetivas evaluables y medibles por incumplimiento.
El ministro valoró también que se trata de "un modelo muy probado en Europa, que entraña mucho menos riesgo que las concesiones de peaje real, ya que no existe riesgo de demanda de tráfico".
Entre las ventajas del plan, se refirió también a que permitirá un retorno fiscal de 2.500 millones de euros y que generará 48.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos. En total, unos 150.000 empleos.
Por otro lado, en cuanto a su impacto positivo en el sector de la construcción, afirmó que "consideramos muy importante inducir un estímulo de generación de inversión en el último de los sectores en incorporarse a la recuperación económica para que pueda alcanzar cotas de crecimiento similares a las de otros sectores productivos".
Por último, destacó que el PIC "va a mejorar la competitividad de la economía, generará crecimiento económico y empleo y mejorará la calidad de vida de las personas y la vertebración territorial".