El Plan de Inserción Socio-Laboral de la Junta posibilitó el año pasado 11.800 contrataciones incentivadas por la administración de personas en situación de riesgo o de exclusión, de las que el 53 por ciento correspondió a empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción y solo un millar fue en la empresa privada. De ahí que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades haya apostado por primar en sus contratos públicos, a través de las cláusulas sociales, a las empresas que cuentan con personas más desfavorecidas en su plantilla para incrementar la inserción laboral de este colectivo en las compañías ordinarias. Se trata de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, entre otros.
La consejera Alicia García recordó hoy que las cláusulas sociales se han incorporado al 75 por ciento de los contratos licitados por la administración autonómica pero abogó por dar un paso más para primar no solo a las empresas que tengan el compromiso de contratar a personas en situación o en riesgo de exclusión para realizar esos trabajos sino a las que ya tienen en sus plantillas a este tipo de perfil. También incidió en la sensibilización de las empresas para incorporar las buenas prácticas en su responsabilidad social corporativa así como que las corporaciones locales cuenten con cláusulas sociales, en la línea de las existentes en la Junta.
García mostró su satisfacción con el Plan de Inserción Socio-Laboral que, en su opinión, ha permitido reducir el índice de pobreza en Castilla y León, tal y como recoge el informe de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social). Un trabajo que señala que la tasa de riesgo de pobreza ha descendido 2,7 puntos desde 2014, hasta situarse en el 17,7 por ciento, lo que sitúa a la Comunidad con los menores índices del país.
La consejera destacó que existe una ''relación directa'' entre estos datos y el plan de la Junta que ha permitido que más de 96.000 personas en situación de riesgo o de exclusión participaran en sus acciones a lo largo de 2016. Junto a las 11.800 contrataciones incentivas por la administración, están las 14.000 acciones formativas, que beneficiaron a 84.300 personas. Un volumen de beneficiarios que obligó a incrementar un 7,2 por ciento el presupuesto inicial del año pasado, hasta los 80,3 millones de euros.
Evitar la cronificación de la pobreza
Incidió en que casi el 40 por ciento de todo el presupuesto del plan (31,4 millones) va destinado a la formación y capacitación para mejorar la empleabilidad de estos colectivos. ''La formación es clave para romper el bucle de la exclusión social, evitar la cronificación de la pobreza, facilitar su entrada al mercado laboral y, por tanto, favorecer su inclusión activa'', precisó. De ahí las acciones de información, orientación y asesoramiento; el desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales; acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.
De los 84.3000 participantes, un 20 por ciento es inmigrante; hay casi 5.000 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía; 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad; más de 4.000 personas con discapacidad y un millar de jóvenes. La mejora de la empleabilidad pasa, sobre todo, por los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del tercer sector, con la participación de 6.800 personas. También, se buscó la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad, con las participación de 77.500 personas a través de los Ceas, entidades del tercer sector y oficinas de empleo para facilitar su acceso al mercado laboral; cursos y prácticas en empresas.
La Junta destinó 48,7 millones de euros en la línea de acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado laboral que lograron 11.798 contrataciones, la mayor temporales. De ellas, más de 6.300 correspondieron a personas que encontraron un trabajo en los centros especiales de empleo y empresas de inserción y solo un millar en la empresa privada. También hay que sumar las más de 1.700 contrataciones a través de los itinerarios personalizados, los 90 jóvenes beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, las 1.537 personas vulnerables insertadas a través de las entidades del tercer sector y los 2.347 contratos gracias al plan de empleo local, entre otros. Numerosas acciones que se enmarcan en la atención integral que persigue la Consejería de Familia, a través de una red colaborativa.
En ese sentido, la consejera valoró el sistema de intercambio de información entre el Servicio de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales, especialmente en la coordinación de actuaciones para perceptores de la Renta de Ciudadanía. Además, señaló que la Junta reforzará el seguimiento individualizado de cada persona gracias a la plataforma tecnológica, que buscará adaptar la capacitación y la formación de este colectivo a sus necesidades y a las demandas del mercado laboral.