Castilla y León avanzó en 2010 en la protección de los ciudadanos frente a la Administración al dotarse con una normativa de "vanguardia", la Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración, que incluye una carta de medidas que protege a los ciudadanos y, entre otros, les otorga el derecho de tutela a identificar a los responsables de una tramitación.
Además de profundizar en el desarrollo de la e-Administración e impulsar una experiencia piloto sobre teletrabajo para conciliar la vida familiar, laboral y personal de los funcionarios, que ahora pretende regularse mediante un decreto, la Consejería de Administración Autonómica también tuvo que afrontar el recorte salarial a los funcionarios aprobado por el Gobierno central, una de las medidas para frenar el déficit público y que derivó en huelga el 8 de junio.
Además, en materia de recursos humanos, la Junta aprobó un paquete de medidas de austeridad del gasto entre las que fijó la congelación de la oferta de empleo público hasta 2013, excepto en el ámbito del Sacyl, el sistema educativo y los servicios sociales, y limitó a supuestos excepcionales la contratación de personal interino y laboral.
Excepto en este aspecto, a lo largo del año reinó un clima social relativamente tranquilo, que la titular de este departamento, Isabel Alonso, utilizó para avanzar la implantación de la Administración electrónica, formación de los empleados públicos, así como en su plan de modernización de la Administración.
Este último ha permitido poner en marcha más de 50 servicios telemáticos y la simplificación administrativa que todavía la Junta quiere reforzar aún más. Estos datos los avaló la Fundación Orange, que en su informe "e-España 2010" recogió que Castilla y León avanzó tres puestos a lo largo del año y se situó entre las cinco primeras comunidades en oferta de servicios administrativos electrónicos , tanto a ciudadanos como a empresas, por detrás de Asturias, Madrid, Andalucía y Navarra. En concreto, según el informe, la media de recursos disponibles en la web de la Junta es del 82 por ciento frente al 77 por ciento del conjunto.
Además, Castilla y León experimentó un crecimiento de la oferta on-line de servicios administrativos del nueve por ciento, ya que el mismo informe apuntaba en 2009 un porcentaje del 73 por ciento. La media de crecimiento del conjunto del país fue en el mismo periodo del cinco por ciento, al pasar del 72 al 77 por ciento.
Entre otras novedades, la Comunidad también asistió a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Redes y Servicios (CORS) de la Junta que permitirá reforzar la disponibilidad, calidad y eficiencia de la red corporativa del Gobierno autonómico, lo que se traducirá en una mejor prestación de los servicios públicos.
Con el CORS, la Junta de Castilla y León se sitúa entre las administraciones más avanzadas en asegurar la calidad y el mejor rendimiento de toda su red de comunicaciones a la vez que avanza en la modernización de la Administración, explicó en su día la consejera, para precisar que la modernización de los servicios públicos es "un objetivo prioritario" para la Junta de Castilla y León.